La wiphala, ese pretexto

Un juez de Santa Cruz condenó al expresidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo a dos años de cárcel por el delito de ultraje a la wiphala y descartó los cargos por racismo y discriminación.

La sentencia, que el Gobierno planea apelar porque la considera muy suave, es en realidad oprobiosa y se constituye en un nefasto precedente para cualquier ciudadano boliviano que quiera ejercer el derecho a la libre expresión usando símbolos patrios. Así, por ejemplo, los marchistas que queman banderas como señal de protesta podrían ser pasibles de juicios penales y encarcelamiento.

Respecto al caso que nos ocupa, hay que recordar que los hechos se suscitaron en la efeméride de Santa Cruz en 2021, cuando el vicepresidente David Choquehuanca izó la bandera wiphala, pese a que no estaba en el programa, puesto que los organizadores aseguran que habían decidido izar únicamente la bandera boliviana y la cruceña, y dejar fuera del acto la wiphala y la bandera del patujú.

En medio de la crispación, las autoridades cruceñas, además, le negaron la palabra al Vicepresidente, los presentes bajaron la bandera del mástil y se la entregaron a un militar. Pues bien, Calvo asegura que no estuvo presente en el momento en que sucedieron los hechos y que mal podrían acusarlo y sentenciarlo por eso. Pero, ratificó su posición en sentido de que la wiphala no lo representa.

El fondo del asunto es que el oficialismo está aplicando una estrategia de estrangulamiento judicial en contra de los líderes de Santa Cruz, por lo que cualquier declaración o acción puede convertirse en un juicio penal.

Calvo no será encarcelado por este caso, porque su pena es menor a dos años, sin embargo, no podrá ejercer cargos públicos en caso de que la sentencia sea ejecutoriada.

Lo paradójico del caso es que la ministra de Culturas, Sabina Orellana, incurrió en un acto de discriminación en contra de Calvo al rechazar la sentencia porque dijo que el exdirigente cruceño es “un inquilino” en territorio boliviano.

“No es indígena, es nuestro inquilino y como inquilino, señor Calvo, tiene que saber respetar al Estado boliviano”, dijo la ministra en tono de dueña del territorio nacional.

En la misma línea se expresó en noviembre del año pasado el dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien dio 72 horas a Calvo, al gobernador Luis Fernando Camacho y al rector Vicente Cuéllar para que abandonen Bolivia por considerarlos extranjeros.

Orellana y Huarachi sí tendrían que ser juzgados por discriminación y racismo porque consideran extranjeros o inquilinos a ciudadanos bolivianos de nacimiento.

Como se puede advertir, la wiphala es nada más un pretexto para continuar con la arremetida judicial en contra de la dirigencia cruceña.