Las escuelas de la Iglesia en la mira

El Gobierno anunció este martes que revisará los convenios que tiene el Estado con escuelas administradas por la Iglesia católica para “proteger la integridad” de niños y adolescentes ante las denuncias por abusos sexuales y pederastia en contra de varios sacerdotes que están en investigación.

El viceministro de Educación, Eudal Tejerina, dijo que este trabajo ayudará a identificar cuáles (convenios) están vigentes y funcionan y cuáles no y, por lo tanto, corresponderá “cerrarlos”, aunque el jueves, el mismo viceministro afirmó que no intervendrá los colegios de convenio porque tienen normas específicas vigentes, y sólo actuará en casos de denuncias de hechos de violencia para precautelar la seguridad de los estudiantes.

El delito de la pederastia que, como cualquier otro tipo penal es cometido por personas y no por instituciones, es abominable y debe ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley; sin embargo, los anuncios que apuntan a la toma del control de las unidades educativas es preocupante, a pesar de que se haya bajado oficialmente la intensidad de los mismos.

Al momento, existen 1.100 unidades educativas de convenio entre el Estado y la Iglesia católica, lo que representa una amplia comunidad educativa distribuida en todo el país; esta comunidad, además de estar afectada por las denuncias de abusos sexuales, ahora se ve ante la posibilidad de que el Estado intervenga en estos colegios, entre los cuales están algunos de los más prestigiosos en diferentes departamentos.

Estas expresiones están a tono con otras acciones y advertencias que se han deslizado en torno al papel de la Iglesia dentro de la educación en el país. Ya el canciller Rogelio Mayta y el procurador Wilfredo Chávez han manifestado la necesidad de revisar la presencia de la Iglesia en la educación boliviana; y el propio presidente Luis Arce dirigió una carta al Vaticano en la que expresa que Bolivia se reserva el derecho de admisión de sacerdotes con antecedentes “entre tanto se proceda con la revisión de los acuerdos y convenios vigentes”. La comprobación de antecedentes es una medida necesaria y legítima, pero pretender revisar los convenios podría llevar justamente a despojar a la Iglesia de sus obras sociales y a los padres de familia a privarles de la educación que eligieron para sus hijos.

La Conferencia Episcopal, a través del secretario ejecutivo del Área de Educación, Jorge Fernández, consideró que es “saludable que se vayan revisando permanentemente los convenios”, ya que eso permitirá “profundizar, actualizar y ver los alcances del servicio y el trabajo” que viene realizando.

De modo que más allá de las advertencias, las revisiones de los acuerdos entre el Estado y la Iglesia están planificadas y deben ser desarrolladas con normalidad. Sin embargo, la coyuntura ha sido aprovechada para dar rienda suelta a una campaña de amenazas a las instituciones educativas que regenta la Iglesia que son desproporcionadas.

La pederastia es un crimen execrable. La Iglesia tiene que afrontar este hecho con medidas contundentes, pues está en peligro su legitimidad y la integridad de su obra; cómplices y encubridores también deben ser castigados según las leyes. Sin embargo, lo que se está desatando en el país es un clima de persecución como si el enemigo a combatir fuera la propia Iglesia.

La educación es uno de los espacios donde más valioso es el papel de la Iglesia, dadas las precarias condiciones de nuestro sistema educativo público. Prueba de ello son los más de 180 mil estudiantes que se forman solamente en las escuelas del sistema Fe y Alegría. Es cierto que debe exigírseles el cumplimiento de los protocolos de prevención y alerta contra el abuso a niños y niñas, pero no se puede pensar en condenar de facto a los mismos afectando a quienes estudian en ellas.

Se ha propuesto la imprescriptibilidad de los delitos de pederastia, y esto es un avance, pero antes de que esta propuesta tome forma, hay que atenuar los ánimos de quienes buscan protagonismo político, intereses ideológicos y finalmente atropello al Estado de Derecho, en su cruzada contra la Iglesia católica como institución.