Mal de
muchos...

El poder que deriva en crímenes y delitos es un mal de muchas instituciones e iglesias, no solamente de la Iglesia Católica.

Recientemente, ha habido una fuerte censura a los sacerdotes católicos que comenten abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Esta es una mancha de la cual la Iglesia Católica no se puede librar y que le ha merecido una enorme desaprobación en la sociedad.

Sin embargo, bien se sabe que esta no es la única instancia en la que se registran este tipo de abusos que mellan la dignidad e integridad de los más vulnerables. El hogar, las escuelas en general, las comunidades y, como se ha visto en un reciente reportaje publicado por Página Siete, las iglesias evangélicas y de otros cultos se suman a estos espacios de violación de los derechos de niños y niñas.

Desde 2014, suman al menos 34 víctimas que fueron vejadas por pastores de diferentes iglesias evangélicas de Bolivia. La cantidad de niñas y adolescentes afectadas corresponden a 14 casos que son de conocimiento público o que llegaron a la justicia, lo que no descarta que haya otros. Del total de denuncias que llegaron a la justicia, solo tres derivaron en una sentencia y en uno de los casos se conoció el intento de encubrimiento.

“Al interior de la Iglesia Evangélica tratamos de hacer un control minucioso de todos los miembros y los líderes religiosos. Tenemos que tener cuidado porque hay muchos que se autonombran pastores”, manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), Henry Nogales. El control es uno de los problemas por los que atraviesan estas iglesias. Diferentes congregaciones surgen de repente en varios puntos del país. Muchas veces no se registra ni a la congregación ni a sus líderes.

Como se puede ver, las denuncias que afectan a diferentes religiones e instituciones devocionales tienen patrones comunes, y es preocupante que así sea.

Si bien, tanto en la Iglesia Católica como en las evangélicas existe una voluntad de colaborar con la justicia y no encubrir a los responsables, de cualquier manera termina prevaleciendo el poder del más fuerte en tanto se trata de menores de edad que terminan amedrentados, afectados física y emocionalmente y que muchas veces no llegan ni siquiera a denunciar a sus agresores. Por otro lado, el nivel de impunidad crece cuando los perpetradores gozan de la confianza de los padres de familia que creen estar dejando a sus hijos al cuidado de personas que merecen no solo su confianza, sino su fe.

La diputada Pamela Terrazas, quien ha tenido la iniciativa de instalar una oficina para recibir denuncias en la ciudad de Cochabamba, refiere haber recibido hasta la fecha 22 testimonios de abusos, de los cuales dos corresponden a iglesias de otros credos (no católicas).

La Compañía de Jesús, la orden más señalada en los casos revelados recientemente, ha dispuesto una oficina de escucha y atención profesional a víctimas, que se encarga de canalizar las denuncias incluso ante el Ministerio Público. En este espacio se han recibido otras dos denuncias, que no corresponden a los jesuitas, pero que igual fueron canalizadas.

Sin embargo, la falta de crédito en el trabajo de la justicia y la sobreexposición que sufren las víctimas desanima los testimonios, por lo que es necesario tomar otro tipo adicional de medidas que garanticen de alguna manera la seguridad de niños, niñas y adolescentes en los entornos de diferentes religiones.

Si bien es cierto que no se puede ni debe satanizar las obras que realizan las iglesias –especialmente la Católica, que tiene a su cargo el 19% de las unidades educativas del país-, es imperativo inaugurar nuevos tiempos entre sus miembros; tiempos en los que no se tolere el encubrimiento y en los que se apliquen protocolos de seguridad para los estudiantes y en los que no sea posible que cualquier victimario se autodenomine pastor para cometer delitos en nombre de
la fe.