Manillas y hacinamiento

La pasada semana, durante un debate sobre el proyecto de ley para el uso de dispositivos electrónicos en el sistema carcelario, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, mencionó que el gobierno adquirió 500 manillas electrónicas, cuyo costo en conjunto sería de 2,2 millones de bolivianos, lo que desató molestia en la oposición, no por el costo ni la cantidad, sino porque se haya tomado esa determinación sin antes tener una normativa legal de respaldo.

Una observación completamente válida, que además de haber sido acompañada por el anuncio de un juicio contra el ministro, hizo recordar la lógica de gobierno del expresidente Evo Morales, quien decía que el Ejecutivo tomaba las decisiones que consideraba correctas incluso más allá de las consideraciones legales, porque luego los abogados se encargaban de resolver el asunto.

“Hablamos de que serían $us 320.000, aproximadamente, pero lo que cuestionamos es que el ministro está en la lógica del expresidente Evo Morales, que decía ‘le metemos nomás y después arreglan mis abogados’. Ahora, el ministro Del Castillo hace lo mismo y después arreglarán sus diputados y senadores del MAS”, afirmó el diputado Carlos Alarcón (CC)

Pero el anuncio de la compra de las manillas electrónicas no data de la anterior semana. Ya a principios de abril, después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había observado una vez más el hacinamiento carcelario en Bolivia, el ministro de Justicia, Iván Lima, mencionó que para combatir esto se aplicarían las manillas, que ya se encontraban disponibles.

“Ya tenemos un trabajo de nuestro Ministerio de Gobierno para implementar este año manillas electrónicas. El Bol-110 lo permite. Tenemos la tecnología, tenemos las manillas y lo que estamos haciendo es ajustar la norma para que podamos implementar en lo inmediato manillas electrónicas en el país”, declaró en una conferencia de prensa.

El hecho es que este asunto ha pasado a primer plano cuando en realidad la atención debería estar concentrada en reflexionar a fondo sobre la importancia de utilizar estos dispositivos electrónicos en el país y cómo hacer para que no se conviertan en otro asunto que alimente la corrupción en la Policía Boliviana, que será la encargada de la vigilancia.

Si corresponde un juicio por una compra sin sustento legal, adelante y en los estrados judiciales, no sólo en conferencias de prensa. Pero que ello no haga perder el foco en lo conveniente que podría ser este mecanismo para reducir el hacinamiento carcelario.