Penetración del narco en el Estado

El envío de casi media tonelada de cocaína de Santa Cruz a Madrid en un vuelo comercial pone en jaque al menos a cuatro instituciones del Estado boliviano, porque existen evidencias de que estuvieron al tanto de las operaciones desde febrero y no hicieron nada al respecto, o porque borraron imágenes a último momento para deslindar responsabilidades.

La primera es la aerolínea estatal BOA, que estaba a cargo del vuelo y que alquiló una aeronave de la empresa Wamos para su operación. Por un video se estableció que dos trabajadores de la estatal, que fueron los primeros detenidos del caso, rompieron los precintos de seguridad al contenedor que luego apareció con la droga.

La segunda es la Felcn que, según una primera declaración de su director nacional, coronel José Illanes, en febrero conoció del caso de la mercadería no declarada y en marzo supo que era droga.

Sin embargo, luego salió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a corregir al jefe policial indicando que había sido tergiversado. El propio Illanes tuvo entonces que decir que había tenido un lapsus y que en vez de decir mayo había dicho marzo. Poco creíble el cambio de versión, puesto que en la primera declaración habla de meses consecutivos (febrero y marzo), los que coinciden con el hallazgo de la droga en Madrid.

Otra de las instituciones que tiene mucho que aclarar es la Aduana, donde desaparecieron las imágenes del caso el 31 de mayo, justo el día en que estalló el escándalo de la carga de cocaína. A las dos de la tarde las imágenes estaban y por la noche, como por arte de magia, habían sido borradas supuestamente porque la memoria ya no las soportaba.

Y finalmente Naabol, encargada de administrar los aeropuertos, también tiene que dar explicaciones porque se conoce que ya en febrero Aircop le remitió una carta pidiéndole imágenes sobre la carga ilegal. Ese mismo pedido también fue enviado a BOA en aquella fecha. Aircop es un proyecto implementado por Unodc en asociación con Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para crear grupos operativos destinados a detectar e interceptar drogas y otros ilícitos.

A estas evidencias se suma la decisión del propio Gobierno de destituir de sus cargos a los jefes regionales de BOA y de Naabol en Santa Cruz, lo que es un indicativo de que tuvieron algún grado de responsabilidad.

Como se puede observar, hay evidencias de que el caso se conocía en Bolivia desde febrero, pero se mantuvo en secreto hasta la semana pasada, cuando un cable de la agencia de noticias EFE desde España informó del decomiso, calificado como uno de los más grandes en el aeropuerto de Barajas.

Y, no sólo que sabían, sino que a última hora y de forma chapucera intentaron borrar evidencias para que nadie viera quiénes están involucrados y cómo cargaron la droga a la aeronave comercial.

Al margen de los hechos, fue el propio ministro Del Castillo quien admitió que “lamentablemente el narcotráfico ha permeado a funcionarios dependientes de distintas instituciones”.

Pues bien, una vez que el Gobierno es consciente que el negocio ilícito “ha permeado” al Estado, lo que corresponde es dar con toda la red de envío de cocaína a Europa, encontrar al dueño del cargamento, determinar cómo ingresó la droga al aeropuerto Viru Viru, cómo se logró pasar semejante cantidad de carga hasta el avión sin ningún control, quiénes protegieron el envío y, luego, quiénes guardaron la información en secreto, pese a la gravedad del tema.

También hace falta conocer desde cuándo operaba esta red, cuántos envíos de cocaína hizo y, lo más importante, las autoridades deberían proceder a su desmantelamiento inmediato encarcelando a los responsables.

El constante hallazgo de cocaína boliviana en el extranjero no hace más que mellar la dignidad del país, porque significa que en Bolivia existe protección oficial a esta actividad ilícita.

El presidente Luis Arce va a tener que mostrar acciones y decisiones en esta materia para evitar que su Gobierno quede señalado como protector de narcos. No basta con que envíe a tres ministros compungidos a dar una conferencia de prensa en la que básicamente no se anuncia nada relevante.