Editorial

Protección al trabajo de la prensa

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La Paz - miércoles, 18 de mayo de 2022 - 5:00

Globalmente, la libertad de prensa y de expresión en Bolivia no tienen las mejores calificaciones. Aunque en el país no tenemos la desgracia extrema de lamentar atentados contra periodistas –en México, por ejemplo, en lo que va del año han sido asesinados nueve periodistas-, las formas de agresión y vulneración de derechos al trabajo de la prensa son constantes y frecuentes.

Según el Observatorio de Defensores de Derechos de la Red Unitas -que monitorea agresiones a diferentes actores sociales que trabajan en el campo de los derechos humanos- en estos primeros meses de 2022 se han registrado 61 ataques a trabajadores de la prensa, siendo las más frecuentes las agresiones físicas, las agresiones verbales, el acoso judicial y otros.

En la clasificación mundial de Libertad de Prensa 2020 de Reporteros sin Fronteras, Bolivia ocupó el puesto 114 de 180 países. Según el documento, y para poner en contexto, nuestro país obtuvo un puntaje similar al de Mali –donde se experimenta una guerra civil- o Nicaragua –donde prácticamente se ha extinguido toda manifestación de periodismo no oficialista-.

Sucede que en el país se han hecho moneda corriente algunos rasgos autoritarios que encubren diversas formas de violencia de la que son víctimas los periodistas. En primer lugar, como resultado del mantra “divide y vencerás”, que ha fraccionado a medios entre amigos y enemigos del poder, se ha normalizado la estigmatización de periodistas, las acometidas verbales, los insultos y otros, que empiezan en la boca de los más poderosos –recordemos los epítetos de Evo Morales cuando era presidente y ahora mismo como jefe del MAS- y terminan en la gente; asimismo, se pasa de las palabras a los golpes e incluso al secuestro, como sucedió a inicios de año con el caso Las Londras, donde periodistas fueron secuestrados, golpeados y torturados.

A esto se añade que, a pesar de que el ejercicio del periodismo está protegido en la Constitución Política del Estado y también por una serie de tratados y convenios internacionales de los que somos signatarios como nación -además de la Ley de Imprenta, con plena vigencia hasta la fecha-, ni autoridades ni funcionarios ni la propia opinión pública conoce y respeta estos preceptos, y el acoso judicial, el amedrentamiento y la amenaza a los periodistas son pan de cada día.

Hay que mencionar también otras formas sutiles pero muy usuales en Bolivia: la asfixia económica, que se expresa asimismo a través de un manejo discrecional de la pauta publicitaria del Estado como premio/castigo a los medios, y también con fiscalizaciones impositivas y otras presiones.

Finalmente, hay que señalar la coartación al derecho de acceso a la información pública, que se ha hecho tan natural que simplemente las instituciones del Estado no permiten el ingreso de periodistas, menos aún responden a sus consultas. Los vetos al acceso de algunos medios a la información, que debería estar garantizada, son abiertamente ejercidos por los servidores públicos.

Este contexto es, como se ve, nada favorable a un periodismo que, con todas sus imperfecciones, cumple o debería cumplir el trabajo de ponerle límites al poder y fiscalizar la gestión pública.

Al periodismo le falta mucho: la autorregulación debe mejorar, las capacidades deben ser actualizadas y las responsabilidades exigibles. Sin embargo, hasta la peor prensa es mejor que la ausencia de fiscalización al poder.

Por ello, resulta una noticia grata que en un contexto de normalización de los agravios a periodistas y de la impunidad con que estos casos son tratados por las autoridades y la justicia, se haya creado una red de apoyo y protección a esta labor. La red RAPP (Red de Protección y Apoyo a Periodistas) que tendrá al notable jurista Ramiro Orias como consejero, representa un espacio de cumplimiento y de garantías de derechos para el trabajo de la prensa en un momento de enormes vulneraciones y amenazas. Enhorabuena.

En estos primeros meses de 2022 se han registrado 61 ataques a trabajadores de la prensa, siendo las más frecuentes las agresiones físicas...
Al periodismo le falta mucho: la autorregulación debe mejorar, las capacidades deben ser actualizadas y las responsabilidades exigibles.
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