¿Qué pasa en los colegios?

Una niña de seis años muere luego de haber sido apuñalada por un estudiante de su mismo colegio, de 11 años. No se sabe cómo el agresor pudo llegar con una arma punzocortante al baño de niñas y cometer este acto de extrema violencia. Los padres, profesores y la dirección de ese establecimiento, la Unidad Educativa Mirette Sciaroni de Bruun, Santa Cruz, no estaban preparados para reaccionar ante un hecho como ese y el desenlace –a pesar de que la niña murió luego de haber sido dada de alta- no pudo ser peor.

Días después, otro establecimiento educativo, esta vez el prestigioso Colegio Alemán de Santa Cruz, fue centro de denuncias de abuso sexual. Según lo que se conoce, cinco estudiantes de quinto de secundaria habrían abusado sexualmente de un niño de 12 años durante meses. Se menciona una probable segunda víctima.

Estos dos casos, primero, denotan que la violencia física o sexual está presente en todos los contextos, incluso dentro de una escuela, donde se supone deben existir protocolos de seguridad que garanticen la protección de los y las estudiantes. ¿Cómo es posible que un niño porte un arma en una escuela?, ¿cómo un colegio no se percata de actos de agresión sexual en los baños de su propio establecimiento?

Luego, toca analizar cómo se procede una vez suceden los hechos de violencia. En el caso del colegio público, el escándalo no tuvo límites y se expuso a la víctima en todo momento. Pero, por otro lado, esa exposición pública impulsó la celeridad en las investigaciones y aunque todo niño es inimputable ante la ley, se tomaron las medidas del caso, incluso con la dirección del establecimiento, cuya titular fue suspendida en tanto se realice el proceso penal.

En el caso del Colegio Alemán, la reacción del establecimiento fue muy diferente. Incluso se llegó a conocer una carta en la que se negaba a brindar a la Dirección Distrital de Educación de Santa Cruz el convenio bilateral sobre cuya base funciona dicho colegio. Si bien la dirección sostuvo públicamente que colaboraría con la investigación de los hechos, claramente no se ha procedido ni con la transparencia ni con la celeridad que corresponde a estos casos.

No se trata de revelar nombres, ni hacer escarnio ni de víctimas ni victimarios, pues todos son menores de edad; pero, tampoco es aceptable que un colegio, por tener prestigio, poder económico e incluso rango internacional tenga un trato diferente al resto de las escuelas de todo el país. De la misma forma, sus directivos deben poner a disposición de la justicia toda la información que lleve a la verdad de los hechos y que permita esclarecer las denuncias sin dilación posible.

Ponemos en este análisis los nombres de ambos colegios implicados en hechos de violencia, porque no son los nombres de esas escuelas lo que está en juego y lo que debe ser sometido a juicio, sino los actos de quienes cometen violan los derechos de las personas, más aún si se trata de niños o niñas. No hay víctimas ni verdugos de primera y segunda clase, y así deben actuar tanto los responsables de estos colegios, como las autoridades.

A inicios de mayo de este año, la opinión pública boliviana se vio consternada ante las revelaciones del diario de un sacerdote jesuita fallecido, quien confesaba haber cometido abusos sexuales contra niños durante los años 80. El impacto fue internacional y la orden involucrada, la Compañía de Jesús, pidió perdón a las víctimas y a la sociedad por estos hechos, aunque hayan sucedido hace más de 40 años. Asimismo, se suspendió a todos los sacerdotes que estuvieron en cargos directivos en esa época y se instituyó un espacio de escucha para eventuales víctimas.

Eso es lo que corresponde. Actuar con humildad, apertura y transparencia para no solamente evitar que sucedan hechos como éstos en cualquier espacio, sino para resarcir de alguna manera a los afectados.

¿Qué sucede en los colegios de Bolivia?, ¿qué tipo de principios se privilegian en ellos?, ¿qué intereses realmente mueven a las autoridades, directores e incluso padres de familia a actuar? y finalmente, ¿quién protege a los niños que tienen derecho a tener un espacio seguro y saludable para crecer?