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Todo el poder represor contra campesinos pobres

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La Paz - jueves, 11 de agosto de 2022 - 5:00

No son dos sectores de cocaleros de los Yungas los que están enfrentados en La Paz. Se trata de todo el poder represor del Estado en contra de un pequeño bloque de productores de coca tradicional.

Este sector cometió el “pecado” de oponerse a la Ley General de la Coca, que fue aprobada en marzo de 2017 y que legalizó la hoja del Chapare. Ante este tráfico de influencias de parte del entonces presidente Evo Morales en favor de sus bases, el sector yungueño decidió reivindicar la producción legal, tradicional, ancestral y milenaria de La Paz.

Desde entonces, los gobiernos del MAS han ejecutado una sañuda persecución a sus dirigentes, han impulsado la creación de un sector paralelo y han promovido la instalación de un mercado ilegal de venta de coca. La Ley de la Coca establece que solo hay dos mercados de venta legal, uno en La Paz y otro en Sacaba, Cochabamba. Para el caso de La Paz, incluso, una resolución establece que está ubicado en la sede de Adepcoca con la dirección: calle Capitán Castrillo esquina Arapata, zona de Villa Fátima. Esto quiere decir que cualquier mercado al margen de esos dos es ilegal.

Entonces, la pregunta es por qué el gobierno de Luis Arce protege ese mercado ilegal o paralelo. Parecía que quien manejaba los hilos de este conflicto era el expresidente Evo Morales porque la coca de los Yungas es una competencia para la del Chapare. No obstante, a estas alturas está claro que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lidera esta arremetida y él está lejos de ser evista, de hecho, varias veces estuvo en la cuerda floja porque el ala dura del MAS no lo tolera. Eso quiere decir que esta represión sin límites corre por cuenta del gobierno de Luis Arce.

Así como Sacha Llorenti pasó a la historia como el mariscal de Chaparina, el ministro Eduardo del Castillo va en camino de convertirse en el mariscal de Villa Fátima. No sólo ordenó la represión, sino que la Policía, que está bajo su mando, violentó domicilios particulares para detener a 24 cocaleros y vecinos de Villa Fátima, a quienes luego presentó como si fueran vulgares delincuentes, acusándolos de ser infiltrados y de tener un plan para matar policías. Esto demuestra que la autoridad no tiene frenos democráticos y que actúa bajo el ímpetu autoritario que lo caracteriza.

El Gobierno argumenta que los violentos son los cocaleros y que están usando dinamita, lo cual también es cierto, pero lo importante es discernir quién tiene la razón y quién tiene la fuerza.

La de Villa Fátima es una lucha desigual. De un lado está todo el poder del Estado y del otro un pequeño sector campesino pobre, que siembra coca para el consumo tradicional. Bolivia debería tener claro a quién defender en esta contienda.

De un lado está todo el poder del Estado y del otro un pequeño sector campesino pobre, que siembra coca
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