Un nido de corrupción palaciego

La estructura de corrupción que montó el exministro de Medio Ambiente y Aguas Juan Santos es tan burda y las denuncias eran tan insistentes desde hace meses, que resulta raro que nadie hubiera percibido el mal olor que despedía el piso 18 de la Casa Grande del Pueblo, donde Santos tenía su oficina.

El caso no hubiera salido a la luz pública de no haber sido porque la mujer encargada de recaudar las coimas no hubiera hablado, presionada, según dijo, porque Santos quería subir la comisión de 3 a 8%.

Según datos preliminares, desde junio de 2021, cuando Santos cobró la primera coima por un alcantarillado en Viacha, ha recibido unos 20 millones de bolivianos, dinero que ha sido entregado en efectivo en la Casa Grande del Pueblo al propio Santos o a sus allegados, que actuaban como palos blancos y que llegaron a comprar unos 30 inmuebles en Tarija y Pando.

Según la recaudadora, el dinero se manejaba mediante ocho cuentas bancarias, aunque el dato parece haberse quedado corto ante el informe del Viceministerio de Transparencia que dice haber detectado 60 cuentas relacionadas con el caso.

Lo que también llama la atención es que Santos no hubiera sido despedido de su cargo y que, cuatro días después de que se produjo la denuncia, se le hubiera aceptado la renuncia. No sólo eso, sino que, con la calma que no existe en otros procesos, Santos fue citado a declarar hoy, miércoles. Finalmente, el exministro se presentó voluntariamente este martes, cuando fue aprehendido, acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

En síntesis, hasta ayer, Santos fue tratado con guantes de seda y, en casi dos años de actividad delincuencial, nadie se percató de sus movimientos. El ciudadano común está obligado a explicar a los bancos de dónde provienen los ingresos que va a depositar y en qué va a gastar el dinero que va a retirar por pequeña que sea la cantidad, pero Santos y su estructura corrupta movieron 20 millones en dos años y nadie vio y ni dijo nada.

Hasta ahora, el presidente Luis Arce no se ha pronunciado sobre este caso que enloda su gestión, tal como lo hicieron otros tres ministros que también salieron con denuncias de corrupción, entre ellos Edwin Characayo, extitular de Desarrollo Rural, quien fue aprehendido con la coima en la mano.

Decíamos que las denuncias contra Santos empezaron a circular en redes sociales hace meses, pero en marzo el diputado evista Gualberto Arispe hizo una denuncia pública que, como suele suceder en estos casos, quedó perdida en la maraña informativa diaria. En aquella ocasión, Página Siete se hizo eco de la acusación con una nota titulada El diputado Arispe acusa al ministro Santos de nepotismo y de corrupción. Finalmente, la semana pasada el escándalo estalló luego de una publicación del portal Rimay Pampa, del periodista Andrés Gómez, donde la recaudadora dio su primera versión.

Lo que está ocurriendo es que, en el marco de la guerra interna del MAS, a diario surgen denuncias de los evistas en contra de los arcistas y, al ser tantas las denuncias, es difícil saber cuáles tienen asidero y cuáles responden únicamente al afán político.

Pese a ese inconveniente, el gobierno de Arce está en la obligación de indagar cada una de las denuncias para tomar acciones inmediatas y evitar el encubrimiento, tal como sucedió con Santos o con el caso ABC.

A propósito de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), caso en el que fue detenido un ejecutivo chino y funcionarios intermedios, es curioso que hubiera aparecido hasta el dinero de la coima y que hasta ahora no se hubiera encontrado al beneficiario del dinero. Este caso está, además, atravesado por siniestros hechos, como la muerte no esclarecida del testigo protegido, una explosión y otros sucesos propios de estructuras mafiosas. En la misma línea se encaminaba Santos, porque hay denuncias de que amenazó con plantar droga en la casa de aquellos que lo delataran por sus actos corruptos.

La corrupción es un asunto serio y si el presidente Arce no le pone un alto de inmediato, es probable que pase a la historia no como el presidente que reconstruyó la economía boliviana, sino como el que toleró la corrupción en su gestión.