Desde el faro

Defensor del Pueblo, una piedra en el zapato

viernes, 15 de abril de 2016 · 00:00
Hace unos años, Evo Morales Ayma y su Vicepresidente comentaron que  ya no se justificaría la existencia de la Defensoría del Pueblo por la sencilla razón de que el pueblo ya estaba en el poder. Desde su perspectiva,  presumían que los avances del proceso de cambio habrían eliminado todo riesgo de vulneración de los derechos individuales y colectivos por parte de los operadores del Gobierno en tiempos del Estado Plurinacional. 

Bajo estos criterios impregnados de tufillo totalitario no es casual que a lo largo de estos años no sólo se haya restado valor a la palabra y accionar de esta institución constitucionalmente reconocida, sino también se hayan registrado frecuentes tensiones entre el Gobierno y la Defensoría. En realidad, lo preocupante hubiera sido constatar la obsecuencia y sumisión del Defensor respecto a los órganos del Estado. 
 
 Ahora bien, a pocos días de concluir el mandato de Rolando Villena, actual Defensor del Pueblo, se lanzó la convocatoria para la postulación de aspirantes a reemplazarlo. Su  contenido ha sido motivo de críticas por dar  luz verde a la postulación de  militantes de partido y de ciudadanos, sin necesidad de que éstos acrediten sus méritos ni condición profesional, tal como lo especifica la misma Constitución.
 
Pero, ¿cuál es la razón de ser de la Defensoría del Pueblo? Conviene refrescar la memoria sobre esta  figura institucional originada durante el  siglo XVIII.  Es una creación deliberada destinada a prevenir, controlar y corregir situaciones de abuso de poder  y violación de los derechos ciudadanos por parte de  funcionarios e instituciones públicas. Su premisa: por más eficiente  que sea un servidor público y sus burocracias, e independientemente de  ideologías, nadie  está  libre de  caer en prácticas negligentes, injustas y abusivas. En otras palabras, su presencia en el tejido institucional es comparable a esa piedra en el zapato que nos advierte que algo no marcha bien y, por tanto, debe corregirse. De eso se trata.
 
Tiene la peculiaridad de emitir informes y opiniones que no tienen fuerza vinculante sobre las instancias que motivaron alguna queja y su  esfera de actuación no es comparable a aquella que deriva de la representación política partidaria. Por tanto, no cabe la sospecha de que sus intervenciones sean antagónicas y políticamente desestabilizadoras; al contrario, puede ser capaz de  enfriar ánimos caldeados y hasta revueltas. Renegar por las molestas, pero inofensivas señales de una recomendación y opinión defensorial implica no haber entendido la esencia y el propósito de su creación.
 
Estamos frente a una magistratura moral, cuyas actuaciones se arropan de una legitimidad no comparable a la de una autoridad jurisdiccional autorizada para sancionar e imponer penas por delitos cometidos.  Dadas estas características,  el peso de  la Defensoría del Pueblo depende del perfil, prestigio e integridad personal y profesional de la persona que asume su titularidad, siendo clave que el proceso de su designación cumpla con el principio de publicidad y la ponderación transparente de  la trayectoria y méritos de sus postulantes.
 
Una tercera condición tiene que ver con el consenso que debe lograrse a tiempo de su designación. Aunque no faltan voces pesimistas que auguran la victoria del rodillo oficialista, insisto en la importancia del consenso como requisito legitimador ineludible. Anticipar públicamente las oscuras maniobras oficialistas desanima la postulación de personalidades de prestigio e idóneas, que bien podrían poner en evidencia la tentación oficial de forzar la votación a favor de afines y sumisos al Gobierno. 
 
Más allá  de la aritmética simple, de los dos tercios de votos requeridos para su elección, el próximo Defensor/a debe legitimarse de principio. Consenso  implica tomar en cuenta la voz de  los otros, de ese tercio opositor, cuya opinión aportaría e impediría la elección de alguien no dispuesto a asumir la condición de piedra en el zapato de los gobernantes y poderosos del momento. La ciudadanía estará vigilante.

Erika Brockmann Quiroga es politóloga.
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