Sinceramiento obligado

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viernes, 27 de octubre de 2017 · 00:00
Si bien la futura Ley de Organizaciones Políticas (LOP) abarca varios aspectos altamente sensibles para revertir déficits democráticos,  hoy me refiero a uno que obliga al sinceramiento y a tomar al toro por las astas a fin de revertir prácticas políticas perversas.  Propongo que la nueva LOP amplíe su capacidad regulatoria a las organizaciones sociales no estrictamente políticas (sindicatos, comités cívicos, federaciones sectoriales, empresariales, etc.) que, mediante acuerdo con organización política reconocida, canalicen candidaturas "corporativas”  a funciones legislativas y/o ejecutivas como titulares del poder público en estructura del Estado.
 
Estos "acuerdos” son frecuentes, cultural e históricamente celebrados. En este marco, la organización política habilitada por instancias electorales intenta legitimarse "terciarizando” la representación social y política sin garantizar el  compromiso de las organizaciones matrices sociales con una visión o programa común que trascienda el interés particular, el mismo que no tarda en aflorar so pretexto de defender el interés y el mandato de sus bases. De hecho, no hay mecanismo para imponer  límites a los conflictos de interés de la "organización social”  ni compromiso para erradicar prácticas autoritarias,  machistas,  sectarias, informales y poco transparentes en su seno, pese a ser éste el propósito de la LOP. 
 
En otras palabras, coincidiendo con la propuesta de la diputada Jimena Costa "la LOP debe ampliar su competencia a normar la democratización interna a los ‘aliados’ de las organizaciones políticas”. Y es que estos aliados corporativos  camuflados bajo el "supuesto apoliticismo” y arropados con las virtudes imaginarias de la "sociedad civil” son también caldo de cultivo de las prácticas autoritarias, maximalistas, clientelares, corruptas y discriminadoras (por supuesto ilegales) que propiciaron el repudio  a la política y los políticos en general. 
 
Esta transformación implica "desmontar” algunas premisas  que inducen al error y a la confusión asociados al discurso antipolítico  seducido por la idea de "autorrepresentación”, que pueden hacer de la LOP  un saludo a la bandera, una mera formalidad instrumental, desvirtuando el fin último que la inspira. 
 
La mala política, atribuida a los partidos, la menos confiable de las instituciones de la democracia,  no se sustituye con movimientos ni organizaciones sociales políticamente no "contaminados” La mala política se sustituye con buena política. Curiosamente la antipolítica deriva en otra forma de hacer política sin garantizar la erradicación de los males denunciados. En otras palabras,  es impensable la gestión política al margen de algún tipo de mediación que implique asumir la responsabilidad y los riesgos que conlleva aspirar a ser titular del poder público en  una sociedad compleja, plural y con el mayor índice de desconfianza. 
 
En Bolivia, la tradicional reticencia a la figura de partido político sumada débil apropiación de la idea de ciudadanía se contrapone a la arraigada valoración de la articulación partidaria con organizaciones sociales de distinto tipo.  El MAS la encarna a plenitud al presumir su legitimidad a partir de su condición de Instrumentos de la Soberanía de los Pueblos,  es decir de las tres organizaciones fundacionales y campesinas que le dieron origen ( Bartolinas, Sindicatos campesinos y de los interculturales-cocaleros y otras alineadas en el camino) que ocupan cargos públicos, eluden  rendir cuentas al conjunto de la sociedad, proclaman su desapego a las leyes y que cómodamente están al margen del control y el cumplimiento de obligaciones que la LOP intenta establecer.
 
Legislemos con realismo. Sin ceñirnos a referentes teóricos y modelos de partidos nunca alcanzados y hoy en su mala hora, pero advertidos de discursos demagógicos que derivan en el apogeo del caudillismo, del clientelismo que orilla formas diversas de corrupción, del abuso de  la propaganda en el reino de la desinformación y de  la exaltación de las masas movilizadas en contra la constitución.  
 
¡Aprendamos del Fondo Indígena, de la conducta pública de quienes accedieron a las cuotas sindicales de los mal llamados movimientos sociales que no son otra cosa que burocracias corporativas empoderadas pero lamentablemente, política y orgánicamente irresponsables y conservadoras!
 
Erika Brockmann Quiroga es politóloga y fue parlamentaria.

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