Otras palabras

La urgencia de una política de cuidado

jueves, 5 de mayo de 2016 · 00:00
El drama de las personas con discapacidades se ha desnudado para la sociedad boliviana gracias a una movilización con niveles de sacrificio que son difíciles de mensurar. Después de una marcha que ha recorrido kilómetros, un colectivo de personas con diferentes problemas físicos y mentales llegaron a La Paz y fueron recibidos con desprecio, rechazo y violencia por el gobierno del presidente Evo Morales.
 
No sólo el Gobierno se negó a recibirlos, como además ordenó el cierre de la plaza Murillo con rejas e impidió su entrada con gases lacrimógenos. También se ocupó de difundir spots televisivos descalificando esa lucha y, como si eso no fuera poco, reactualizó una táctica cobarde y recurrente en los últimos 10 años, la de dividir el movimiento a través de acuerdos improvisados con un grupo paralelo de discapacitados que no estaban movilizados. 
 
La ciudadanía asiste atónita a la insensibilidad de un Gobierno que se jacta de la pujanza financiera y que, en estos mismos días, anuncia obras millonarias en edificios suntuosos para la burocracia estatal y ofrece ayuda humanitaria para las víctimas del terremoto en Ecuador. 
 
Sin embargo, esta insensibilidad con la situación de desprotección y pobreza de las personas con discapacidades no debería ser una sorpresa para los bolivianos. Si lo pensamos bien, esta insensibilidad es coherente con el abandono, la falta de políticas de protección y de cuidado en estos 10 años de bonanza económica inédita en el país. 
 
Las personas con discapacidades, los adultos mayores, las personas enfermas, los niños, las niñas y los adolescentes son los grupos de ciudadanos que más necesitan políticas, programas y servicios de cuidado y atención para vivir una vida digna. Estos cuidado y atención son derechos sociales reconocidos por la normativa nacional.  
 
Todo muy bonito en el papel pero sin traducción a políticas, programas y servicios concretos. Hasta ahora no se priorizaron en las inversiones y gastos públicos la provisión de cuidado a las personas que más lo necesitan. 
 
Ni siquiera se llegó a discutir y formular una propuesta consistente de políticas, programas y servicios que apoyen a las familias y, especialmente, a las mujeres en las familias, para que puedan atender a sus seres queridos con dignidad y sin tener que sacrificar sus propios derechos de estudiar, trabajar y descansar. 
 
La solicitud de un bono de 500 bolivianos por las personas con discapacidades es la expresión del abandono absoluto en que viven. Su pedido es ínfimo frente a lo que deberían recibir del Estado como ciudadanos en términos de servicios, oportunidades y atención en materia de empleo, educación, salud, cuidado y protección. 
 
Las alternativas de políticas y servicios son muchas y conocidas. Experiencias en otros países no faltan para orientar las políticas. Tampoco son escasas las posibilidades de reorganizar las prioridades de inversión y gasto público. Menos aun está ausente la demanda colectiva por la concreción de derechos sociales, como vemos en esta triste movilización.
 
Lo que sí hace falta es voluntad política para construir institucionalidad para el ejercicio cotidiano de derechos fundamentales y legalmente establecidos en el país. 

Fernanda Wanderley es socióloga investigadora.

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