Otras palabras

La muerte anunciada de las empresas públicas

jueves, 2 de junio de 2016 · 00:00
Los cierres de empresas públicas no son noticias sorprendentes, al revés, son muertes anunciadas desde sus creaciones en los últimos diez años. No porque las empresas públicas sean malas por definición, sino porque los criterios adoptados para su creación  y los principios de gestión implementados se sabían que eran  inadecuados.
 
Sólo se requería un poco de conocimiento sobre las experiencias propias e internacionales para prever el fracaso inminente con el fin de la bonanza económica.
 
Lo asombroso de esta historia está en la incapacidad de escuchar, dialogar y reaccionar por parte del Gobierno con relación a las innúmeras voces, estudios y análisis que advirtieron sobre los problemas del modelo de intervención estatal en la economía y sobre la anacrónica lógica de creación y gestión de las empresas públicas en curso en el país. Efectivamente, en los últimos diez años fueron muchas las iniciativas y esfuerzos desde la sociedad civil para abrir la discusión sobre las lecciones aprendidas sobre las empresas estatales tanto de las experiencias de países socialistas como de países con economías de mercado. 
 
Muchas de las voces críticas no estaban en contra de un rol más activo del Estado tanto para conducir la transformación productiva como para distribuir más equitativamente la riqueza. En efecto, las visiones post-neoliberales insistían en la necesidad de ponderar el tipo de protagonismo, las alternativas de los instrumentos de política pública, los criterios que deberían primar para una gestión pública más adecuada y responsable, para lograr los objetivos de diversificación productiva, generación de empleo de calidad, distribución de la riqueza y sostenibilidad ambiental. 
 
Fueron muchos los temas que buscaron profundizar en un contexto adverso de cierre paulatino de espacios democráticos y plurales de diálogo entre sociedad civil y Estado. En el caso de Ametex y posterior Enatex, por ejemplo, no se dio cabida a las advertencias sobre las consecuencias negativas de la pérdida de los beneficios del ATPDEA en 2008 y sobre la insostenibilidad de su sustitución por mercados de Venezuela, Brasil y Argentina.
 
Lo que se confirma hoy. Tampoco se tomó en serio el problema del contrabando y la asfixia de la industria manufacturera continuamente planteada por productores y empresarios. Las razones para esto son también conocidas y tiene que ver con los réditos políticos de corto plazo con la continuación de la importación legal e ilegal de mercancías. 
 
Aún menos eco tuvo la discusión sobre la importancia de una gestión empresarial de las empresas públicas con base en el principio básico de que no podían funcionar sin utilidades superiores a los costos. La reacción del Gobierno fue proponer que las empresas públicas tenían una función social y que, por lo tanto, podrían funcionar con déficit. Lo que, por supuesto, sólo podría marchar en el corto plazo mientras había recursos abundantes para despilfarrar.
 
También se puso sobre la mesa la importancia de sopesar los diferentes instrumentos de política microeconómica para la diversificación sostenible de la economía, como los servicios y agencias de desarrollo a nivel nacional y local. Se cuestionó el dogma de las empresas públicas como la única herramienta para fortalecer los encadenamientos productivos. Y aún más importante se problematizó su creación sin estudios de mercado, sin planificación y sin una adecuada propuesta de gestión. De igual manera estuvo la discusión sobre el rol doble y ambiguo de las políticas macroeconómicas: la estabilidad macroeconómica y la promoción de las capacidades productivas y competitivas nacionales. 
 
Estas iniciativas y discusiones cayeron en saco roto y no recibieron la debida atención por parte de los tomadores de decisión. El despilfarro del dinero público es un hecho lamentable, especialmente para un país pobre que debería asumir con mucha seriedad y responsabilidad cómo invertir las rentas de la explotación de recursos naturales no renovables. 
 
La ineficiencia en el uso de los recursos públicos tiene rostro humano. No solo trabajadores y familias quedan sin sus fuentes de trabajo, como toda la ciudadanía pierde al no contar con servicios y bienes que podrían haber sido generados alternativamente. Sería interesante estudios con cálculos de los costos de oportunidad perdidas en otras opciones de inversión y gasto público. Nos asombraríamos con las cifras. 

Fernanda Wanderley es socióloga e investigadora.

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