Fernando Salazar Paredes

Silala: ¿cuál infidencia…?

lunes, 9 de marzo de 2020 · 00:11

Voy a ensayar disipar un hecho que, por fuerza de presentarse en público, adquiriría de por sí una categoría de verdad. Con suerte, será un tanteo más bien terapéutico, pues intenta oponer lo real a lo ficticio, el razonamiento al parecer con el que una gran mayoría del país fue llevada confiada a un crepúsculo voluntario y premeditado de adoración de la cosa pública, religión que, como sabemos, adolece de una apatía incurable e insostenible.

Cometer una infidencia es violar la confianza depositada en uno revelando asuntos secretos. Para que se cometa una infidencia alguien debió hacer una confidencia. En torno a la compleja materia en que se han convertido los manantiales del Silala, ¿cuál es la confidencia develada? ¿Quién estaba obligado a mantener en secreto alguna confidencia? ¿Se comprometió Bolivia a guardar secretos? 

El diputado Víctor Borda, al interpretar –con torvedad, diría- del artículo 53 del Reglamento de la Corte, afirma que Chile podría pedirle a la CIJ que se pronuncie a favor de este país por efecto de la transgresión de una confidencialidad. Borda enarbola el artículo para sostener que hubo una infidencia al develar la actuación de los operadores diplomáticos del MAS en la demanda presentada por Chile. 

El artículo 53 dice: 1. La Corte podrá decidir, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, que se pongan ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos a la disposición de cualquier Estado que tenga derecho y haya pedido que se le comuniquen. 2. La Corte podrá, después de informarse de la opinión de las partes, decidir qué ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con ulterioridad.

El actor principal es la Corte, no las partes en litigio; si el artículo menciona a las partes, es para reglamentar el quehacer de la Corte con relación a la puesta en disponibilidad de documentos a cualquier Estado que los solicite y, además, decidir cuáles se pueden hacer accesibles al público. Las partes no son elementos activos; la Corte lo es.

Seguramente, Borda no leyó correctamente el artículo y si lo leyó no lo entiende, y si pretende entenderlo, tergiversa su contenido, camuflando el tema de fondo, que es el anuncio de presentación de una demanda con carencia total de argumentación. El adversario capujó la iniciativa de los brujos en tarea diplomática y, posteriormente, el MAS no supo responder, ni debida ni oportunamente.

El artículo 53 no prohíbe a las partes hacer públicos sus documentos. De hecho, el expresidente Morales, el 31 agosto 2018, hizo pública la contramemoria revelando que “se funda en estudios… que confirman que el caudal considerable de las aguas de los manantiales del Silala fluye artificialmente hacia el territorio chileno por las obras de canalización realizadas en el siglo pasado; Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha diseñado, mejorado o producido en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial”. No obstante, las partes ya estaban en conocimiento de estos obrados al igual que la Corte.

Borda debería intentar acusar también a la Corte por infidencia porque la “orden de la Corte” de 15 noviembre de 2018 establece que Bolivia solicita a la Corte “juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala diseñadas, mejoradas o producidas en su territorio y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial”.

Desgraciadamente, ambos casos implican el reconocimiento del entonces Gobierno boliviano, de un flujo natural de curso internacional y, por tanto, revelan lo que Bolivia y Chile acordaron sobre la naturaleza compartida del Silala.

Consecuentemente: 1) No existe infidencia alguna, lo que hay es la revelación de una política exterior improvisada y engañosa del anterior gobierno; 2) Bolivia no hizo compromiso alguno de confidencialidad sobre sus alegatos y puntos de vista y el artículo 53 no le obliga a nada en este sentido; 3) bajo el montaje de un escándalo artificial por infidencia, lo único visible es que los brujos ocultan el precipitado, inoportuno y chapucero anuncio de una demanda que carecía de condiciones para efectuarse; 4) Bolivia tuvo, más bien, que contestar una demanda y no pudo demostrar lo que el país, sobre todo Potosí, había sostenido desde inicios del siglo pasado.

5) Se ha cometido un embuste y obrado con deslealtad para con el departamento de Potosí, al encubrir lo que se hacía y la verdadera situación que ahora conoce la luz pública; 6) Los responsables de este fiasco tienen nombre y apellido y, por más que intenten escurrirse, deberán responder ante la historia.
 

Fernando Salazar Paredes es abogado internacionalista.

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