Franco Gamboa Rocabado

La difícil conflictividad en América Latina

sábado, 04 de enero de 2020 · 00:12

La gobernabilidad política en los sistemas democráticos de América Latina es, cada vez más, una tarea de inacabable y de complejidad creciente. Los dramáticos conflictos en Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, suscitados entre octubre y diciembre de 2019, mostraron claramente el grado extremo de deslegitimación que tienen las élites políticas al no saber conducir la desigualdad y los diferentes cambios económicos, en medio de estructuras estatales bastante débiles. 

Asimismo, los movimientos sociales exigen una participación intensa en el diseño de cualquier política pública, junto con sus propias ambiciones para la toma del poder. Los conflictos violentos señalan por qué la democracia representativa y la estabilidad gobernable dejaron de ser factores de negociación, ya que la probable ruptura del sistema democrático regresó como una alternativa para el ejercicio del poder a manos de actores sociales convulsionados.

Los conflictos en un régimen democrático nunca mostrarán un sistema de equilibrios perfectos porque los actores involucrados en la resolución de los problemas pretenden resultados rápidos y momentáneos, sin intentar sacrificarse para beneficio de toda la sociedad en el largo plazo. Los actores conflictivos buscan proteger el máximo de sus intereses y no toman en cuenta las consecuencias posteriores de sus acciones, sino que piensan en un beneficio directo, degenerando en conductas completamente unilaterales.

Por otra parte, las viejas estrategias de negociación asentadas en la “inclusión de los excluidos” están perdiendo relevancia para dar paso a múltiples actores sociales que irrumpen en el sistema de toma de decisiones, con el objetivo de ganar el todo por el todo, inclusive a pesar de sucumbir en medio de acciones violentas.

 En América Latina parece que el posicionamiento de los actores conflictivos tiende a formar dos frentes: a) actores corporativo-sociales, y b) actores institucionales. Los actores corporativo-sociales influyen en la sociedad civil con demandas de carácter político muy fuertes; sin embargo, no pueden alcanzar resultados eficaces en materia de gestión pública debido a sus divisiones internas y a la inestabilidad institucional que ellos promueven, tratando de incumplir todo tipo de reglas y resistiéndose a esperar pacientemente para que maduren las soluciones a sus problemas. 

Quieren ver satisfechas sus reivindicaciones de inmediato. Estos actores reúnen a los sindicatos, agrupaciones ciudadanas y aquellas organizaciones que dicen promover la lucha de los de abajo y todo tipo de grupos marginales. En este caso, muchas veces no importa tanto la preservación del sistema democrático, sino la efervescencia de los actores movilizados.

Los actores institucionales están en las esferas de Gobierno y los partidos políticos tendientes a lograr acuerdos negociados, sobre la base de normas duraderas. En la mayoría de los casos, estos actores asumen una posición más mesurada respecto a la proyección de las políticas públicas, aunque son reacios al control social reclamado por algunas organizaciones civiles. Al mismo tiempo, están atrapados en análisis de mercado y posibilidades financieras sostenibles para las decisiones que toman. 

Estos actores, supuestamente, son más racionales porque no pueden ofrecer aquello que la realidad no es capaz de dar; sin embargo, para ganar elecciones o perjudicar a los enemigos políticos, amenazan la racionalidad de toda democracia al ofrecer soluciones populistas, pensando también en objetivos de corto plazo.

El choque entre los actores social-corporativos, impacientes por arrancar sus demandas a cualquier precio, y los actores institucionales, constituye un “equilibrio inestable” en el que las negociaciones tensionan sistemáticamente las reglas democráticas y atentan contra la estabilidad política. 

La consecuencia inmediata es una cultura política informal en la que es preferible el desorden y las contradicciones antes que la racionalidad previsible de una democracia plenamente institucionalizada. La cultura política informal está amenazada por la anomia en la que las clases sociales quieren ganar todo o nada, pensando en la satisfacción de sus intereses restringidos y promoviendo la evaporación de los intereses de la nación.

El conflicto en América Latina se alimenta de la anomia y viceversa. Las reglas democráticas se rompen fácilmente porque deben permitir la libre expresión, inclusive de aquellos actores antidemocráticos. Al final, ningún actor o nivel institucional obtiene resultados eficaces porque todos están afectados por el cálculo egoísta en el que el único triunfador es, en la mayoría de las situaciones, la violencia anómica.

 

Franco Gamboa Rocabado es sociólogo.

 

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