Alias Agatha

Resistencia chiquitana

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viernes, 16 de noviembre de 2018 · 00:11

“Rechazamos cualquier intento de instalar una actividad obrera, o proyecto de exploración minera, por considerarla atentatoria contra la generación de aguas que producen estas serranías, pudiendo contaminar los cursos de agua, que abastecen a todas las comunidades del municipio, y porque consideramos (…) que la minería a cielo abierto es la única que no es sustentable (…) destroza toda la cobertura vegetal y con ésta, la gran cantidad de especies existentes con fuerte impacto ambiental” (Probioma, diciembre 2012. Boletín Voces del pantanal boliviano). 

De esta manera, se expresarían las comunidades del municipio boliviano de Roboré (provincia de Chiquitos, Santa Cruz) en mayo de 2012, a través de un voto resolutivo unánime, frente al intento de la empresa minera Montecarlo S.A. sucursal Bolivia por iniciar trabajos en la región, particularmente en la Reserva Natural y Área Protegida del Valle de Tucavaca. 

Esta semana, a más de seis años de esa resolución, estas comunidades vuelven a expresar su rechazo a otro avasallamiento, aparentemente “institucionalizado” por el Estado, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y con la supuesta excusa de darle espacio a una comunidad –Tupac Amaru-, de la cual poca información se ha difundido. 

Antes de ver el curso de las negociaciones sobre este último acontecimiento, considero fundamental analizar ¿por qué hay tanto interés en avasallar el territorio de la reserva y área protegida municipal?

Primero, cabe resaltar que hubo otros intentos por irrumpir en esta reserva, desde 2009, además de varias concesiones  realizadas sin una debida consulta a las comunidades. El interés radica en la riqueza de minerales -y potencial fuente de hidrocarburos- que tienen las serranías de esta región. Y el modo avasallador se explica por la condición de reserva y área protegida que tiene el Valle de Tucavaca desde el año 2000.  

“Kyleno S.A.” sería el nombre de la primera empresa minera que trató de implementar un proyecto de explotación minera en la Reserva de Tucavaca, en 2009. Sin embargo, como habría afirmado uno de los dirigentes locales, Rubén Darío, al periódico ambientalista Mongabay (2016) “hemos sabido protegernos, porque la población conoce la importancia del área protegida”. Este saber se habría consolidado con las jornadas informativas, entonces realizadas por los dirigentes, a toda la población. 

No obstante, un año más tarde, la situación cambiaría respecto a la empresa “Sidereste”, que habría logrado convencer a la comunidad de Naranjos (al oeste de la reserva) para aceptar su exploración minera, gracias a una socialización incompleta y asistencialista en función de sus intereses. 

Al parecer, esa exploración no se completó por falta de financiamiento. Pero la situación alarma, pues varias empresas -mineras e hidrocarburíferas- han recibido concesiones  para sus trabajos de exploración, sin una consulta previa a la comunidad o con una consulta inadecuada. 

Estas empresas buscan aprovechar los recursos naturales que se encuentran en la reserva. Sus serranías son parte de un escudo precámbrico (la primera era geológica), muy rico en minerales. Y se ha considerado la posibilidad de fuentes hidrocarburíferas, incluso de petróleo, en este territorio.

Pero esta reserva tiene una riqueza aún mayor que la mencionada, pues el caudal de agua que despliega, a través de los ríos Tucavaca y Aguas Calientes, permite abastecer de este recurso hídrico a una amplia región del oriente boliviano durante todo el año. Asimismo, la singularidad de su entorno, como el bosque seco chiquitano (único en el mundo) y las distintas especies de fauna y flora que contribuyen a sostener ese ecosistema, le otorgan una condición única como territorio. 

Por todo ello, las comunidades aledañas buscaron protegerlo al lograr su declaración como Reserva Natural y Área Protegida, en el año 2000. Condición reafirmada, posterior a la promulgación de la   Constitución Política del Estado Plurinacional, en 2009. 

Paradójicamente, desde ese mismo año -y en el marco de un gobierno supuestamente defensor de la “Madre Tierra” y de la autonomía de los pueblos y de su territorio- se han registrado tantos intentos, frustrados y exitosos, por avasallar esta reserva. 

Los recientes acontecimientos en Roboré son sólo otro capítulo en la defensa de este territorio chiquitano. Que sea una oportunidad para que más nos sumemos a esa resistencia, aquella que se empata con la vida y el respeto a la soberanía.

 

Guadalupe Peres-Cajías es docente universitaria y especialista en investigación en comunicación.

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