Guadalupe Peres-Cajías

El grito de la tierra

viernes, 23 de agosto de 2019 · 00:09

Durante días estuvo demandando atención. Meses trató de resistir a la imposición. Y por años ha tratado de sobrevivir a la permanente amenaza de su destrucción. Hoy, se resigna a verse en cenizas, cubierta por humo, moribunda. Su grito desesperado, cual madre que ve morir a sus críos, no ha sido escuchado a tiempo. Árboles, plantas y animales de diverso tipo han desaparecido. Las llamas los han consumido.

Es la tierra que llora, que clama y demanda atención inmediata. Ha sufrido uno de sus principales ataques: el incendio de su bosque chiquitano, en el oriente boliviano (departamento de Santa Cruz). Alrededor de 500 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego, entre San Rafael, Roboré, Charagua, San Ignacio de Velasco, Concepción, San Matías y San José de Chiquitos. 

Es la tierra que ha sido engañada. En 2012 la declaraban sujeto de derechos a través de la Ley 300, que hoy está olvidada. Sus propios impulsores actúan en dirección contraria. “las áreas protegidas fueron elaboradas por los gringos para guardarse nuestros recursos naturales” dice uno, mientras contradice lo estipulado en el principio 8 del Artículo 4, sobre “Prioridad de la Prevención” y la definición de “Sistemas de vida”, del Artículo 5.

 “Las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir? (…) hay que adecuar las normas a las formas de vivencias” dice el otro, que contradice “el Desarrollo Integral Para Vivir Bien” y el “Aprovechamiento” del Artículo 5, así como los derechos de la Madre Tierra expuestos en los Artículos 7, 9, 10 y 12.  

Tratan de justificar las razones estructurales que provocaron la reciente tragedia. Porque esta fatal consecuencia no es una decisión de la tierra. Es de aquellos que permiten su avasallamiento y deslegitiman su sufrimiento. Ejemplos de esto es la aprobación de la Ley 741 y el Decreto 3973. 

La primera aprobada en septiembre de 2015 “autoriza el desmonte” para “ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario”. Estipula límites, pero estos no han sido respetados y, aparentemente, tampoco castigados. El desmonte ha generado un paulatino saqueo de la tierra. 

Por su parte, el decreto mencionado, aprobado en julio pasado, autoriza “en los departamentos de Santa Cruz y Beni el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias” y “en ambos departamentos permite las quemas controladas”.  Se demanda que se enmarquen en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra y en la reglamentación vigente. Pero al igual que la Ley 741, los límites no se respetan, ni se castiga a sus infractores. 

Y claro… ¿cómo esperar que se respeten las normas y leyes, cuando los máximos gobernantes las desconocen y modifican en función a su conveniencia? 

Mientras tanto, la tierra sigue lamentándose. Grita a oídos sordos. Oídos que niegan ayuda internacional, aunque en otras ocasiones no hayan dudado en recibirla. Oídos que rehúsan la demanda de una emergencia nacional. Oídos que se cierran a especialistas que advierten las consecuencias de sus actos. 

Pero, también esta tierra grita a aquellos que permiten que estos se cometan. Nos grita a nosotros, los ciudadanos. ¿Seguiremos sosteniendo un Gobierno que la ha lastimado tanto? ¿Seguiremos creyendo que la tierra está a salvo? ¿Seguiremos deslegitimando su llamado?

 
Guadalupe Peres-Cajías es docente e investigadora en comunicación social.

Confidencial

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