Guillermo Mariaca Iturri

La condecoración de los 10 bolivianos

viernes, 14 de junio de 2019 · 00:11

El reglamento de condecoraciones de la Policía Nacional establece que “las condecoraciones instituidas por la Ley Orgánica de la Policía Nacional tienen por objeto reconocer y estimular… a todos los que hubiesen prestado eminentes servicios o se hayan destacado de modo singular en actos que enaltezcan a la Policía Nacional”. Una condecoración, por tanto, no es cualquier cosa. O no debiera ser cualquier cosa.

El 3 de junio de este año, el comandante de la Policía, Vladimir Calderón, condecoró a un sargento segundo por haberse negado a recibir una coima de 10 bolivianos. Ese acto “excesivo” seguramente hubiese pasado desapercibido si no hubiera estado acompañado por un discurso grandilocuente: “Expresar nuestro reconocimiento a una acción honesta, una acción valerosa y heroica la de denunciar la corrupción de los malos ciudadanos”. A un mes de haber sido designado Comandante General y con la enorme responsabilidad de recuperar la credibilidad de su institución, el nuevo comandante decide imponer una condecoración por una “acción valerosa y heroica”, que no pareciera ser ni valerosa ni heroica.

El año 2017 se descubrió un tráfico de condecoraciones en la Policía. En abril de 2018, el entonces comandante de la Felcc condecoró a Pedro Montenegro, que para entonces era ya un narcotraficante condenado por la justicia brasileña. Estas dos anécdotas, entre demasiadas otras de mucha mayor relevancia, demuestran la degradación institucional de la Policía. Quizá así pueda hacerse un esfuerzo y comprender la desesperación “adjetival” del nuevo comandante: aquel que no recibe un soborno de 10 bolivianos, precisamente porque es de 10 bolivianos, debe ser considerado un héroe en la Policía.

El contraste parece de comedia. Y, sin embargo: demasiadas autoridades policiales del más alto rango han sido condenadas por corrupción. Tráfico de influencias por destinos que permitan enriquecimiento rápido o, por lo menos, importantes ingresos adicionales, es de sobra conocido; el servilismo político se ha convertido en una conducta  usual y premiada con ascensos, y prebendas. En ese contexto de corrupción y degradación generalizadas, ¿no es acaso un acto heroico negarse a recibir un soborno de 10 bolivianos? Al mismo tiempo, sin embargo, ¿no debe ser la honestidad institucional y personal una condición elemental de la Policía? 

Si los guardianes de nuestra moral pública son los primeros en violarla, ¿acaso podrían condenar a un ciudadano común atrapado en esa maraña que pretende sobornar con 10 bolivianos? ¿No podría el taxista detenido por el sargento alegar que está obligado al soborno porque nadie cumple la norma y que si hubiese reconocido su falta el abuso de poder lo hubiera, precisamente, abusado? Dado que todo el sistema está tan podrido que un soborno ya no es un soborno, sino la única conducta posible; entonces, ¿acaso para sobrevivir en una convivencia social regulada por la fuerza y el abuso y el mayor oportunismo la coima no se ha convertido en una costumbre inevitable?

¿Cómo se resuelve esta paradoja, esta tensión entre inmoralidades? ¿Podemos, acaso, pensar y vivir en términos morales cuando desde el Estado se ha naturalizado el conjunto de inmoralidades hasta el extremo de que ninguno de esos actos nos parece excepcional? Obviamente, en democracia hay un alto grado de relativismo moral y eso es sano, y necesario. Pero ese relativismo nada tiene que ver con el imperio de la inmoralidad, con una convivencia social que ya no es convivencia porque carece, incluso, de normas mínimas.

La reforma de la Policía y, por extensión, de todo el sistema de justicia, son tareas desesperadamente prioritarias. Pero no podrán ser realizadas en este contexto político. Porque no son la Policía ni la justicia las únicas responsables de su propia degradación. La responsabilidad es también, y quizá sobre todo, de un gobierno que ha naturalizado la corrupción. Pero, sobre todo, de un gobierno que ha convertido a la inmoralidad en la fuente de su ilegitimidad. No se trata, entonces, sólo de la reforma de la Policía y de la justicia; ni siquiera de un compromiso estatal para devolverse credibilidad y moralidad. En este gobierno eso es imposible.

Se trata, por consiguiente, de que la sociedad, de que la gente, de que el ciudadano común viva intensamente la vergüenza ajena. De que digamos todos juntos que este gobierno nos da vergüenza. De que todos juntos vivamos esa sensación de impotencia pero que, al mismo tiempo, seamos capaces de trabajar para revertirla. De que cuando estamos al borde del abismo, seamos capaces de enfrentar al gobierno que nos ha degradado como personas.

Se trata, claramente, de expulsarlos del poder que nosotros mismos se lo otorgamos. Y de que lo hagamos con la sanción moral por excelencia: la sanción del voto.

 

Guillermo Mariaca Iturri es ensayista.

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