#VerdadesSinFiltro

Cuando miente el mentiroso

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jueves, 21 de junio de 2018 · 00:12

El juicio a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya es una medida que todos los bolivianos le reconocemos al presidente Morales. Más allá de que el concepto y la esencia de la demanda no se hayan generado en su gobierno, el valor político que requirió tomar aquella decisión, el haber conformado un equipo plural y competente del más alto nivel y el haber manejado el tema (hasta hace poco) con prudencia, y seriedad, son factores que se le deben reconocer a Morales y que, sin duda, serán parte de su legado histórico.

Las nacionalizaciones son también importantes no solamente en el aspecto económico, sino también en su incidencia social y en la psicología de la gente. Si bien en la más importante de ellas, la de los hidrocarburos, el MAS fue más beneficiario que impulsor, de todas formas la medida es un patrimonio político, instalado en el imaginario de la gente.

Ambas medidas y sus impactos han sido, y son esenciales porque responden a la Santísima Trinidad de la política boliviana: la propiedad de los recursos naturales en manos del Estado, el antiimperialismo y la reivindicación marítima. Ellas reflejan la comprensión que tuvo este gobierno de lo profundamente popular, así como los enormes réditos políticos, sociales y electorales obtenidos.

Y, sin embargo, parece que hay algo más grande que todo eso: la insaciable hambre de poder de Evo Morales, que está dispuesto a pisotear los más sagrados pilares y sus más preciados éxitos con tal de eliminar a cualquiera que se interponga entre él y el poder. No es otra cosa lo que está ocurriendo con Carlos Mesa. 

El Presidente ha decidido hacer uso nuevamente del aparato judicial a su servicio para acusar al expresidente y vocero de la causa marítima por haber nacionalizado el Salar de Uyuni, y el haber expulsado durante su gobierno a una empresa chilena pirata; esto, después de haberle pagado una indemnización de 42 millones de dólares al abogado de la empresa chilena, que resulta que también es abogado del gobierno de Chile en La Haya.

Algún iluminado del entorno presidencial convenció al jefazo de que éste era el camino más expedito para condenar (aunque sea con tres añitos) pero, sobre todo, para inhabilitar electoralmente a Carlos Mesa y así sacárselo de encima definitivamente.

“Métanle nomás”, perece haber sido otra vez la respuesta, sin sospechar que con esa orden probablemente se estaban metiendo en una camisa de 11 varas y once espinas, de la cual podrían salir más maltrechos de lo que ya están, y con un Carlos Mesa más fortalecido en su credibilidad y en su popularidad.

 El tratamiento del caso Quiborax durante la gestión del MAS se está convirtiendo, día que pasa, en un rosario de irregularidades, que van desde la sospecha de corrupción, por haber rehusado un acuerdo de pago de tres millones en vez de los 42  pagados; el haber permitido que el proceso avance cuando se había comprobado la falsificación de documentos de la parte de los demandantes, hasta los indicios de entrega de información clasificada a los chilenos, cosa que a mi modesto juicio no es otra cosa que traición a la patria. 

 O sea, forzaron una acusación en el peor caso imaginable, dados los antecedentes, y en el camino destaparon un racimo de barbaridades que involucran a altas autoridades del Gobierno. Cuando el mentiroso y el convenienciero acusa más vale que tenga pruebas, porque de lo contrario se vuelve aún más mentiroso.

 

 Ilya Fortún es comunicador social.
 

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