Coca: batalla entre lo legal y lo ilegal

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lunes, 26 de marzo de 2018 · 00:08

Evo Morales ha actuado en estos 12 Años como el cruzado de la coca ilegal contra los productores legales. En su afán de ganar indulgencias y afianzar su guardia pretoriana asentada en el trópico cochabambino, contra viento y marea, cual templario del medioevo, ha impulsado la anulación de la Ley 1008 y la aprobación de la Ley 906 que legaliza la coca ilegal que se produce en su tierra santa.

Como si de infieles se tratara, ha arremetido contra los productores legales de los Yungas paceños para someterlos, acabar con su organización (Adepcoca) y rendirlos ante el poder de los nuevos emperadores de la coca ilegal que él representa sin rubor y con mucho orgullo.

En las tierras del cruzado Evo Morales pareciera que no hay narcotráfico, que no hay coca ilegal y que, por obra y gracia de su majestad, en esa tierra cae el maná del cielo sin que el pecado se conozca. La prosperidad de sus fieles ha crecido en la última década como nunca antes. Aparte, Su Excelencia ha destinado recursos de los bolivianos en inversiones inútiles para vender la idea que el trópico es un polo de desarrollo: aeropuerto sin aviones, estadios sin fútbol, empresa de coca sin coca, fábrica sin urea, vía férrea sin ferrocarril y, así, un sinnúmero de despilfarros que sobrepasan los 1.500 millones de dólares signados por la corrupción.

Lo cierto es que en el trópico cochabambino el auge de la coca ilegal es monumental, al extremo que, al estilo de su majestad, le están metiendo no más la carretera por el TIPNIS para que más tierras se incorporen a la producción ilegal del arbusto verde. La famosa lucha contra el narcotráfico concertado y soberano que se efectúa en el trópico es una burla que, vaya uno a saber por qué, se la tragan hasta los organismos internacionales como la UNDOC.

Es de Replay: resulta que la FELCN es informada que en x o y lugar se está procesando cocaína; bajo la lógica de la lucha concertada, la FELCN antes de mandar a sus fuerzas de tarea para atrapar a los delincuentes, primero tiene que avisar a los dirigentes cocaleros y, una vez obtenida la autorización de éstos, recién los policías   pueden moverse.

Por supuesto, cuando llegan al punto ya no hay nada o nadie. Además, inteligentemente, los señores de la coca ilegal han modernizado su producción con métodos colombianos y han sacado las grandes fábricas hacia otras regiones como Yapacani en Santa Cruz.

En todo   este andamiaje ilegal, los productores legales de los Yungas paceños son un problema que el Gobierno ha decidido combatir con apoyo de ministros paceños que, más que importarles la economía de su departamento, han demostrado estar decididos a poner toda su sapiencia en satisfacer los deseos del caudillo.

De esta manera, a través del chantaje con obras miserables como tinglados o canchitas de fútbol, han buscado doblegar, dividir y enfrentar a los productores rebeldes. Con el apoyo decidido de agentes partidarios han creado una organización paralela   a Adepcoca con el objetivo de debilitarla, tomarla y ponerla a su servicio: Confederación Nacional de Productores Comercializadores al Detalle de la Hoja de Coca.

Conocidos como carpeteros al detalle, mil quinientos comerciantes masistas   son beneficiados con licencias dispendiosas otorgadas por el Gobierno, que les autoriza comercializar 10 bultos al mes (500 libras), no sólo en el mercado legal de Adepcoca en Villa Fátima, sino en todo el territorio nacional.

Con estos carpeteros, el gobierno del presidente de las Seis Federaciones del Trópico, ha encontrado la forma de dividir y enfrentar a los cocaleros legales, y ha impulsado que estos negociantes, convertidos en burros de carga de la coca asalten los predios de Adepcoca. 

El objetivo es mezclar la coca legal que se vende en Adepcoca con la ilegal que se produce en el trópico y así consolidar la legalización de lo ilegal. Como en Bolivia las cosas son al revés, el asalto de Conalproc a la sede de los productores legales es resguardado por más de quinientos policías que, por orden del Gobierno, están obligados a defender a los asaltantes y reprimir a los verdaderos dueños.

Decenas de detenidos, varios heridos y un pueblo yungueño movilizado ha desnudado, una vez más, al régimen en su intención de no dejar espacios a la disidencia y copar todos los puntos. Ya lo hicieron con la COB y con los productores legales parecen decididos a no detenerse.  Así, en Villa Fátima, en torno a la sede de Adepcoca se vuelve a dar la lucha entre el imperio de lo ilegal y  un pueblo que defiende sus derechos en el marco de la legalidad y la CPE.

Ivan Arias Durán es ciudadano de la República de Bolivia. 

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