Surazo

Justicia no, política

jueves, 21 de abril de 2016 · 00:00
No comparto la euforia que muchas personas manifestaron en las redes sociales por la decisión de la Cámara de Diputados de Brasil de enjuiciar políticamente a la presidenta Dilma Rousseff.
 
Y no es cuestión de simpatías ni de ideologías. 
 
Según los mensajes que pude leer, la mayoría cree que, tras la votación en el Senado, Rousseff podría ser procesada y eventualmente destituida por corrupción pero, en el sentido estricto de la palabra. Eso no es cierto.
 
Lo primero que debe quedar claro es que, en efecto, en Brasil estalló tal escándalo de corrupción en torno a la estatal petrolera Petrobras que salpicó a casi toda la clase política, incluido el expresidente Lula da Silva.
 
Rousseff pudo ser juzgada por los millonarios sobornos vinculados a Petrobras, por el desvío de dinero para su campaña de reelección o por haber recibido dinero a cambio de adjudicar obras públicas, ya que todas esas acusaciones fueron formuladas en su contra, pero, en lugar de ello, se optó por un tecnicismo que es el de "crímenes de responsabilidad”. 
 
Esta acusación, prohijada por el abogado Helio Bicudo, uno de los fundadores del mismísimo Partido de los Trabajadores, el de Rousseff, señala que la Presidenta debería ser destituida por "violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien”.
 
Pongamos la acusación en sencillo: se culpa a Rousseff por haber presentado cifras supuestamente falsas que señalaban que su país estaba bien económicamente. Si una actuación de esa naturaleza amerita destitución, Evo Morales debió ser procesado luego de que el INE modificó el cálculo del PIB para mostrar, a lo largo de sus sucesivos gobiernos, que la economía boliviana va viento en popa pero, claro, en Bolivia no existe la figura del impeachment, que no es otra cosa que un juicio político con fines de destitución.
 
¿Por qué los diputados brasileños optaron por esta vía y no por la de las acusaciones de corrupción? La respuesta es que los tecnicismos legales hubieran complicado el inicio del impeachment. Lo que no se dice es que los escándalos de corrupción alcanzan, también, a muchos de los miembros del Congreso, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien, según varias versiones, estaría actuando en venganza porque lo incluyeron en el caso. 
 
Por tanto, en Brasil no hay búsqueda de justicia, sino un asqueroso juego político con el consabido perjuicio popular. No es la primera vez. En 1992, el entonces presidente Fernando Collor de Mello fue sometido a impeachment por las mismas acusaciones contra Rousseff. En ese tiempo, Collor de Mello fue acusado de haber montado un esquema de corrupción que, con el eje siempre en Petrobras, incluía sobornos, adjudicaciones directas de obras públicas y otras acciones calificadas como tráfico de influencias, una tipificación que hoy nos es muy familiar en Bolivia.
 
El cuadro brasileño de entonces era muy parecido: crisis política, manifestaciones callejeras (en las que tuvo gran influencia el sector estudiantil denominado "caras pintadas”) y la defensa del acusado que, a su vez, acusaba a sus acusadores de montar un golpe de Estado por la vía parlamentaria, tal como hace Rousseff ahora.
 
En 1992, el presidente terminó acorralado así que, en medio del impeachment, prefirió renunciar y su vicepresidente, Itamar Franco, tomó su lugar. Ahora, como sabe la mayoría, el vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, están tan preparado para el relevo que ya hasta tiene listo su discurso de asunción.
 
Como se ve, la diferencia es que la presidenta es de izquierda y Collor de Mello era de la derecha. En el fondo, la mi sma mierda. 

Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.

Confidencial

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