Visión internacional

¡Diremar, abogados y asesores, expliquen el fallo al Presidente!

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viernes, 05 de octubre de 2018 · 00:09

Ha concluido el proceso judicial entablado por Bolivia contra Chile y la CIJ ha cerrado el caso con el fallo que dice: “La Corte considera que la República de Chile no asumió la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Esta noticia ha devastado al pueblo boliviano, que vio abruptamente frustrados sus sueños, sus anticipadas alegrías y sus certezas, alentadas artificiosamente por el Gobierno durante más de cinco años.

Asombra la temeridad de los artífices y actores de la demanda judicial –no por haber intentado esta empresa–, sino por la irresponsabilidad de no haberse sincerado con el pueblo, advirtiéndole de las eventualidades que enfrentaba el proceso judicial, escenario en el que se podía ganar, pero también se podía perder, tal como ha ocurrido.

Sabíamos que el caso no era fácil, que la demanda planteada por Bolivia se había basado en una compleja figura jurídica del derecho internacional denominada “actos unilaterales de los Estados”, carente de norma escrita, con un incipiente desarrollo doctrinario y una jurisprudencia visiblemente heterogénea. Además de ello, el Gobierno, sistemáticamente se rehusó a admitir que la Corte Internacional no resolvería el problema de fondo, sino que todo dependería de una negociación, en la que Chile tendría la última palabra.

Se insistió sobre esa realidad advirtiendo del riesgo de una sentencia favorable a Chile. Se analizó el tema en las aulas universitarias, en foros académicos y conferencias especializadas, informando de la complejidad del tema y del incierto resultado. Nadie tomó en cuenta estas apreciaciones porque desde el grupo de cabildeo de los círculos de poder se propalaba el exitismo, risiblemente amparado en un supuesto nerviosismo del oponente.

Hoy, más que nunca, resulta incomprensible esa actitud obcecada y obsecuente, misma que fue asumida monolíticamente por casi todas las personas que conformaron ese círculo alrededor de la demanda judicial.

Con el mismo discurso, el 30 de septiembre, un día antes que la Corte emitiera el fallo, el abogado Antonio Remiro Brotóns manifestó a la prensa que: “El planteamiento del caso ante la Corte y la forma en que se ha desarrollado el procedimiento han sido ya, por si solos y con independencia del fallo, un éxito para Bolivia”. Hago énfasis en la frase: “con independencia del fallo”. Yo le pregunto al doctor Brotóns: Habiendo sido adverso el fallo de la Corte, ¿cual es el éxito para Bolivia? ¿Puede decirle usted al pueblo boliviano que rédito hemos obtenido? ¿Cuál es el beneficio?

La declaración de Brotóns despierta susceptibilidad, pues ese discurso ya lo habíamos escuchado de algunos asesores de la causa marítima, quienes en reiteradas declaraciones públicas persistieron sistemáticamente en hacer y transmitir una lectura errónea del proceso judicial, especialmente del alcance del fallo de 24 de septiembre de 2015. Esta lectura interesada distorsionó el verdadero significado del fallo de 2015 y estimuló al pueblo hacia un exitismo peligroso, cuyas consecuencias se ven hoy.

Al parecer ese discurso sigue permeando. El presidente Morales ha dicho que el fallo “muestra contradicciones y cómo la Corte se ha parcializado con un grupo, beneficiando a los invasores y a las transnacionales”, motivo por el que ha decidido mandar una carta a la Corte, demostrando las contradicciones del fallo, y que, en suma, la Corte no ha cumplido.

Estas declaraciones del Presidente son muy delicadas, están al límite de constituir una grave acusación contra la Corte. Sería mejor que antes de semejante exabrupto, el Presidente instruya a Diremar, al equipo de abogados extranjeros y a sus asesores, que se le expliquen los términos y alcance del fallo, a fin de aclarar las dudas del Gobierno, que inevitablemente repercuten en la población.

De existir divergencias graves respecto a la interpretación del fallo, es posible presentar una solicitud de interpretación a la Corte (artículo 98 del Reglamento de la Corte), con lo cual terminarán las dudas. De otra manera, se generará un nuevo conflicto entre Bolivia y Chile, esta vez fundado en la divergente interpretación del fallo.


Karen Longaric es profesora de derecho internacional público de la UMSA.

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