Desde la acera de enfrente

Policía y “proceso de cambio”

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miércoles, 07 de noviembre de 2018 · 00:12

Uno de los tantos asuntos pendientes que el mal llamado proceso de cambio ha dejado a la sociedad boliviana es justamente el de la Policía Boliviana.

Hoy, más que nunca, la Policía se ha convertido en un peligro para la sociedad, pero no porque el comandante ofrezca los votos de sus “inefectivos” para el MAS públicamente, sino porque la propia Policía se ha convertido en una mafia autárquica intocable.

La escuela de formación en corrupción más organizada y que atraviesa al conjunto de la institución es la Policía.

Todas las cárceles de hombres y mujeres que hay en el país son pequeños feudos de corrupción administrados por la Policía institucionalmente, donde se cobra por lo que se deja ingresar, por lo que se deja salir, por el espacio que se ocupa y por cada uno de los privilegios que vende la Policía a las personas recluidas. Esos cobros, que ya tienen tarifas, suben hasta la comandancia, involucrando antes a toda la institución.

 No se sabe muy bien los contenidos de enseñanza de la Universidad Policial, pero lo que constaté en persona una y otra vez es que los policías no saben leer ni escribir. Hacer la declaración de un delito ante un Policía desganado, que se tropieza con las palabras y que no atina a escribir ni preguntar, es una experiencia cotidiana. 

Diprove y Tránsito es otro de los controles mafiosos de la Policía desde donde se organiza parte del crimen del sector. Dijeron que implementarían GPS para las flotas y control de alcoholemia y el chiste no les duró sino unos días. 

Los reglamentos de faltas y contravenciones de la Policía datan de la época de la dictadura, tienen un carácter  fascista, no se han tomado el trabajo de revisarlo en más de 30 años porque la Policía está ocupadísima en intimidar, extorsionar y vigilar el cumplimiento de su maquinaria de corrupción. 

 Las celdas de la FELCC, en las que honrosamente he caído a lo largo de los últimos siete gobiernos, son las mismas mazmorras hediondas de siempre. Sus huellas de sangre ennegrecidas con el tiempo no han sido lavadas jamás, su mobiliario aún tiene inscrito el logo de USAID, que les donó desde los escritorios hasta las sillas.

 La Ceja de El Alto, pasadas las 10 de la noche, es un territorio de máximo peligro sin un policía a la vista. Y si se te ocurre llamarles porque les necesitas, no contestan porque tienen averiado el teléfono desde hace más de dos años.

No existe el rubro de investigación policial, sino el rubro de venta, borrado o falsificado de pruebas, según el postor, por lo que no tenemos acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad del feminicidio de Andrea Aramayo, imágenes que han debido ir a parar a manos de la familia de su asesino, previo pago de una alta suma dinero.

 Si resulta que haces una denuncia por corrupción, violación a los derechos humanos o abuso de poder contra un policía, como lo hice contra la directora de  Lucha contra la Trata y Tráfico, la teniente Coca, derivan esa denuncia a una suerte de justicia paralela compuesta por jueces y fiscales policiales, que administran esas denuncias a beneficio del aparato de corrupción. 

 Me interrogaron, me hicieron entregar pruebas y nunca me dieron resultados de la pericia, aunque estaban muy interesados en todo lo que yo tenía para contar. 

 Si vas a hacer una denuncia de la desaparición de una persona, lo que hace la Policía es hacerte esperar 72 horas, tiempo suficiente para que la persona muera o se complete su secuestro, etcétera. Transcurridas las 72 horas te dan un papelito con su foto, donde dice “desaparecida”, para que completes el empapelamiento de personas desaparecidas que hay en la terminal. Y si es mujer suponen que huyó con su enamorado y te miran con cara de “no me molestes”. 

 La Policía Boliviana ha matado impunemente a Jonathan Quispe, estudiante de la UPEA, a dos compañeros cocaleros de La Asunta, a varios cooperativistas mineros. Ha dejado huir al teniente Clavijo y a través de esos crímenes al servicio del Gobierno ha comprobado y probado su impunidad.  

Ni los guardias que contrata la banca o cualquiera  para la custodia de sus negocios se libran de corrupción policial, porque uno es el precio que solicita la Policía al negocio y otro el monto mínimo que la comandancia paga al guardia, dejando un alto porcentaje de ese monto en sus manos.

 

María Galindo es miembro de Mujeres Creando.

 

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