La corrupción y otros demonios

Por 
jueves, 26 de octubre de 2017 · 00:00
Los casos de corrupción estatal suman y siguen. El reciente desfalco del Banco Unión ha reabierto un viejo debate que ha acompañado a la historia política del país. Poco antes de este acontecimiento, en junio pasado, sucedió el escándalo en el canal estatal Bolivia TV, que se destapó con la denuncia del  propio Ministerio de Comunicación, involucrando a varios funcionarios con sumas millonarias y, hace pocos días, la denuncia contra seis funcionarios de Emapa, acusados de vender de manera irregular  maíz a granjas  fantasmas. 
 
Si bien el monto de estos otros dos casos es incomparablemente menor que el del Banco Unión, no minimiza el problema. Recordemos, además, otros casos emblemáticos de corrupción en este gobierno como el Fondo Indígena que, a diferencia de estos últimos, involucró a dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas, y años antes el escandaloso caso Catler-YPFB, que involucró a altos dirigentes del MAS.
 
Sin duda, resulta importante poner atención en la respuesta de los gobernantes. Una estrategia muy desafortunada consiste en minimizar el problema. A ella  acudieron varias autoridades, como el exministro Arce Catacora, quien señaló que el caso del Banco Unión es aislado e insignificante; o, en relación con el Fondo Indígena, el ministro Romero destacó, en su momento, que se debió al exceso de representación de los indígenas; mientras otras autoridades afirmaban que  se trataba de  errores administrativos  por desconocimiento de quienes manejaron dichos recursos en sus cuentas privadas, en fin.
 
Otra cosa es mirar de frente el problema, como lo hizo el propio Presidente en algunas ocasiones cuando exigió el procesamiento de los responsables  y el respectivo  castigo "caiga quien caiga”, aunque en el caso del Fondo Indigena  justificó señalando que no echaba la culpa a los dirigentes, pues no son profesionales, sino a los técnicos  o asesores.
 
El tema de la corrupción es complejo porque tiene raíces en una memoria larga de ejercicio de formas prebendales y clientelares en la relación del Estado con la sociedad civil, y, a la vez, en el desarrollo de una visión patrimonialista del Estado, mediante la cual  quienes acceden al poder consideran a las entidades públicas como parte de su propiedad privada; por tanto, con derecho a echar mano de los recursos de manera arbitraria e indiscriminada. La intensidad ha variado en los distintos gobiernos y hay algunos que por sus características son más propensos a la diseminación de la corrupción.
 
Este tema está ligado de manera indisoluble a la discusión sobre la institucionalidad estatal. El incremento de la corrupción es directamente proporcional a la debilidad  de las instituciones y a la incapacidad de establecer mecanismos para el cumplimiento de las leyes, el funcionamiento de los balances, y contrapesos y la eficacia del control social y la transparencia.  Peor aún cuando se utilizan recursos del Estado para fines políticos particulares, lo cual sucede a nivel nacional y subnacional.
 
De hecho, la población percibe el agravamiento del problema. De acuerdo a datos del Índice Mundial de Percepción sobre la Corrupción, publicados por  Transparencia Internacional, Bolivia cayó en los últimos dos años en 14 puestos en el ranking de corrupción. El otro agravante fue la campaña electoral del MAS en 2005,  cuando ofreció la aplicación de la ley tijera y lograr en su gobierno corrupción cero, generando una expectativa que, como vemos, está muy lejos de ser cumplida.
 
María Teresa Zegada es socióloga.
178
3

Otras Noticias