Continuidades y rupturas

“Jamás de los jamases voy a renunciar”

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jueves, 14 de septiembre de 2017 · 00:00
Con esta frase el impugnado alcalde de Achacachi selló su posición sobre el reciente conflicto que supera veinte días perjudicando a distintos sectores de la zona y que no parece encontrar una vía de solución. El mismo alcalde señaló más adelante que aceptaba someterse a referéndum revocatorio, que fue la fórmula que propuso el Presidente para resolver el conflicto; sin embargo, como todos sabemos, este procedimiento tiene que atravesar por una serie de pasos previos, entre ellos esperar el plazo para la habilitación de los revocatorios después de cumplir la mitad de mandato de las autoridades subnacionales que vence a fin de año, la recolección de al menos el 30% de firmas, la consecuente aprobación por parte del organismo electoral, la convocatoria, el acto del referéndum y los resultados. En este caso concreto, hay que añadir que los sectores movilizados expresaron su desconfianza en la administración del proceso electoral y quieren asegurarse de la destitución inmediata exigiendo su renuncia.

Al igual que en el conflicto de Achacachi, varias veces en los últimos meses se ha mencionado la necesidad de aplicar el revocatorio a otras autoridades sub nacionales con quienes la población se sentía disgustada, como es el caso del alcalde Revilla de La Paz, cuando la federación de juntas vecinales le exigía la derogatoria de ciertas disposiciones, o cuando el Defensor del Pueblo planteó el revocatorio del alcalde de Camiri que enfrentaba una movilización violenta con bloqueos de carretera para remediar el conflicto; o en Potosí donde la población movilizada exigía el revocatorio del gobernador y del alcalde en medio de un largo conflicto regional.

En realidad el revocatorio no es una medida para solucionar conflictos sociales, pues estos precisan medidas políticas inmediatas y ágiles. El referéndum revocatorio es una medida de democracia directa que responde a un proceso institucional, que evidentemente puede culminar o no con la destitución de una autoridad, pero debe atravesar por una serie de etapas de maduración de una decisión ciudadana y de procedimientos institucionales establecidos por  ley.

Recordemos que, en esa línea, hace un par de décadas se incorporó la figura de la remoción de autoridades bajo la forma del "voto constructivo de censura” que fue aplicado de manera discrecional  pues la iniciativa se generaba en el concejo y requería solamente de la  votación de tres quintos de los concejales para proceder a la destitución. Esta medida generó una enorme ingobernabilidad que repercutió en la ineficiencia y el incumplimiento de metas.

El actual mecanismo de revocatorio establece una serie de candados  que, valga la oportunidad, debían también aplicarse a procesos electorales-como las próximas elecciones judiciales-, pues los resultados son válidos sólo si votan al menos el 50% más uno de ciudadanos, y si el número de votos válidos emitidos a favor de la revocatoria es superior al número de votos válidos emitidos en contra. Por tanto, proponer el revocatorio en medio de un conflicto no puede sino ser altamente demagógico.

María Teresa Zegada es socióloga.

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