Continuidades y rupturas

Defensa de libertades y derechos

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jueves, 04 de enero de 2018 · 00:07

El actual conflicto desencadenado como consecuencia de la aprobación del Código Penal el 14 de diciembre pasado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, sintetiza las aristas más importantes de las causas de  movilización social durante la era de Evo Morales. 


 Los datos cuantitativos registrados sobre los conflictos en Bolivia muestran que uno de los temas que generó mayor cantidad de movilizaciones y protesta social contra el gobierno central durante la permanencia de Evo Morales fue la defensa de libertades democráticas y la defensa de los derechos, que se fueron incrementando  progresivamente a medida avanzó la gestión de gobierno.


    Complementariamente existen otros motivos que generaron protesta social como la participación en designaciones, gestionada sobre todo por las organizaciones sociales afines al Gobierno que exigían cuotas de poder, y las protestas generadas en rechazo a leyes y normas aprobadas, que fueron intensas durante los primeros años y luego rebrotaron hacia el 2013 y 2014; estos temas de conflicto fueron seguidos en intensidad por la demanda recurrente de incremento salarial y de derechos laborales que se arrastra en la historia del país.


 Las protestas contra el actual Código Penal expresan esta realidad: la aprobación inconsulta o arbitraria de una normativa que afecta directamente la función de uno de los sectores más golpeados y  menos beneficiados durante estos años de Gobierno: los profesionales de clase media, en este caso particular y de manera más incisiva,  los médicos. 


Por otra parte,  existen artículos  en el mencionado código, que  afectan directamente el ejercicio de las libertades civiles y los derechos democráticos, por ejemplo, a la movilización y la protesta social, peor si ésta es convocada a nombre del pueblo.


 Recordemos que una de las armas más contundentes en la historia política de Bolivia ha sido la movilización social y la protesta directa ante la ausencia de instancias de mediación, y de procesamiento institucional de las demandas sociales ante el Estado. Por tanto, estas disposiciones son atentatorias contra la propia naturaleza de los movimientos sociales, que de acuerdo al nuevo código pueden ser objeto de apresamiento  y/o inhabilitación laboral, de ahí que quienes más rechazan esta disposición son los sindicatos obreros y las juntas vecinales. 


 El Gobierno expresa en defensa propia que estos artículos en realidad se transcribieron del antiguo Código y que, por tanto, no son novedosos, pero recordemos que el  actual sistema penal fue formulado en épocas dictatoriales, durante el gobierno de Banzer, en 1972, y que fue modificado parcialmente  en durante los gobiernos neoliberales en los 90. Entonces mantenerlos en el actual código no es precisamente una cualidad que exprese el avance y profundización de la democracia, sino todo lo contrario.  


 Por último, la gestión de los conflictos por parte del Gobierno recuerda las peores épocas de la historia cuando los manifestantes eran reprimidos y las organizaciones eran estratégicamente divididas para  debilitarlas y recuperar el control de la situación, así como acusar a los dirigentes de complot  y sabotaje político para estigmatizarlos y quitarles poder simbólico. 


Este lenguaje y práctica política produce escalofríos, más aún en el marco de un “gobierno de los movimientos sociales” que  repite patrones que fueron duramente cuestionados por quienes hoy están a la otra orilla del camino. 


María Teresa Zegada es socióloga.

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