Vamos a andar

¿Por qué temerle a la sociedad civil?

viernes, 15 de julio de 2016 · 00:00
Es difícil entender que nuestro actual Gobierno, que nació de la movilización y organización consciente de la sociedad civil —harta de nacionalismos, neoliberalismos y dictaduras— hoy se muestre receloso e incómodo respecto de esa misma sociedad civil, hasta el extremo de discrepar con el criterio de Maina Kiai, relator especial de Naciones Unidas que, en calidad de amigo del Tribunal Constitucional Plurinacional, expresa sus opiniones sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, una libertad fundamental de la sociedad civil que, según el mismo Maina Kiai, se ve seriamente lesionada por la Ley 351 (del 2013) y el reciente Decreto Supremo 1597, documentos legales que apuntan al control de las ONG, fundaciones y similares (y no nos metemos con el detalle anecdótico, pero significativo, de que el Tribunal Constitucional haya esperado el cambio de Defensor del Pueblo para dar a conocer su veredicto a favor de dichas normas y en contra de las ONG…).

Según Kiai, dichas medidas lesionan el principio internacional de la no discriminación, incumplen la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y rompen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y es que la mencionada ley establece que se puede revocar la personería jurídica de una ONG cuya finalidad no sea "el desarrollo económico y social” (además tal como lo entiende este Gobierno concreto); mientras el mencionado decreto establece que se puede revocar una personería con sólo el "informe” del "ministerio respectivo”… Y, por supuesto, el amigo Maina afirma que se trata de restricciones no conformes al derecho internacional, siendo así que Bolivia reconoce los principios internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (entre los que figura la libertad de asociación, libre de temor, amenazas o intimidación).

¿Qué nos está pasando, compañeros y compañeras del Gobierno? ¿Ahora resulta que le tenemos miedo a quien opina diferente que nosotros? ¿Nos sentimos tan inseguros que preferimos evitar la expresión de otras posiciones? ¿Será que apuntamos a lo que Gramsci llamaba una sociedad civil gelatinosa, por supuesto mucho más manejable que una sociedad civil estructurada? ¿Tan poca confianza tenemos en nuestros principios, en nuestros sujetos sociales, en la experiencia positiva de tantos decenios de lucha?

Recordemos que el único gobierno que persiguió a las ONG fue el de García Meza. Ni siquiera Banzer intentó reprimirlas o controlarlas (ahí está el trabajo inolvidable que realizó CIPCA y que contribuyó a la rápida conformación de la actual CSUTCB bajo el liderazgo de Genaro Flores). Y en la lucha implacable contra el modelo neoliberal jugaron un papel fundamental muchas ONG (que ahora se sienten amenazadas, si es que no han desaparecido ya).

Realmente resulta consternador (repasando aquel "Juguete Rabioso”, que tan importante papel jugó en el penúltimo período) recordar que a comienzos del 2005 el ministro boliviano de Desarrollo Económico, Walter Kreidler, declaró en Berlín que los conflictos sociales en Bolivia son fomentados por unas oenegés nórdicas y algún gobierno "alineado a los movimientos sociales”… Y luego añadía: "Tenemos una preocupación porque desde afuera están organizando y fomentando organizaciones que inducen al campesinado hacia una rebeldía constante y sin una base de aceptación de los términos democráticos”… Pero al menos el gobierno de Kreidler se limitaba a lamentarse y no tomó medidas coercitivas contra esas "oenegés subversivas”.

Resulta incomprensible que nuestro Gobierno del cambio restrinja injustificadamente el derecho a la libertad de asociación e incumpla así convenios y tratados internacionales (Maina dixit), porque además esa actitud implica que no creemos en nuestras bases sociales (campesinas o citadinas; mestizas o indígenas) y pensamos que pueden ser conducidas y engañadas por cualquier ONG. Cuando, por el contrario, la capacidad de analizar, resistir y descartar propuestas contra-revolucionarias es parte fundamental de la formación de la conciencia política (que sigue siendo hoy tan necesaria como antes).

¿Y si una ONG infringe normas legales, lesiona derechos, comete delitos? Por supuesto tendrá que someterse a juicio o a las sanciones que la Constitución y la ley prevén, como le ocurre a cualquier ciudadano/a o a cualquier empresa o a cualquier partido; no hace falta una ley especial para eso. ¡Viva la sociedad civil organizada! Si el Estado es hoy por hoy inevitable, por lo menos tiene que estar al servicio de esa sociedad y no pretender controlarla a su gusto y conveniencia…

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

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