Vamos a andar

Incahuasi y el fracaso de las autonomías

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viernes, 04 de mayo de 2018 · 00:06

La renuncia del Viceministro (y exministro) de Autonomías ha sido en sí misma una buena noticia, ya que fue una autoridad que sólo pretendía hacer méritos y que no tenía criterios ni ideas adecuadas respecto de la temática de su responsabilidad, pero el hecho de que dicha renuncia aparezca relacionada con el problema de las reservas gasíferas de Incahuasi nos obliga a ir más lejos y analizar el enfoque inservible de la temática autonómica en nuestro país.


No se puede negar que el Artículo 2 de la nueva Constitución –que establece el derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales– en sí mismo parece tener sentido, pero en la práctica se ha quedado en mera declaración.


Para empezar recordemos que el tema autonómico no era parte del plan de gobierno de Evo Morales (hablamos del año 2005), sino que fue un tema heredado del gobierno de Carlos Mesa y de sus conflictos con los departamentos de tierras bajas. El resultado fue –en la Constituyente– una declaración de “Estado autonómico” mal copiado de España (con una ampliación dedicada a las autonomías indígenas) y de entrada condenado al fracaso.


Además el concepto de autonomías fue manipulado por las prefecturas de la “media luna” para justificar un movimiento en el fondo antinacional y separatista (lo que ya influyó insanamente, en varios departamentos, en el referendo autonómico de 2006). Pero además la definición constitucional (incluida la diversificación en autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas) resultó ser insuficiente y muy susceptible de ser mal interpretada por sectores interesados. En los hechos, las diferentes definiciones autonómicas han apuntado más a ventajas formales que a los principios constitucionales del ordenamiento territorial que son unidad, solidaridad y bien común.


No vale la pena hablar de la autonomía indígena originaria campesina, que a estas alturas escasamente existe (y no se puede saber con qué logros que valgan la pena), como tampoco de las autonomías regionales y municipales. Las únicas que ha pretendido funcionar han sido las autonomías departamentales, pero sólo para pelear por ventajas o privilegios. Y ahora el conflicto del Incahuasi viene a mostrarnos el fracaso de la innovación constitucional.


 ¿Qué sentido tiene que los recursos naturales de un país sean motivo de conflicto entre dos departamentos (límites que por definición y por historia son discutibles y secundarios)? ¿Qué sentido tiene que las reservas financieras producidas por el gas de Incahuasi lleven años “guardadas” –es decir, no se usan, con la falta que nos hace– por la defectuosa definición de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz?


Lo menos que teníamos que haber pensado es que antes de definir la asignación de ingresos a tal o cual departamento habría que haber tenido claros los límites interdepartamentales. Ahora como que es tarde: Incahuasi resulta un reservorio muy rico y resulta muy difícil –para cualquier autoridad o comisión que haya de tomar decisiones– asumir una definición de límites que conlleva la asignación de muchos millones de dólares a un departamento o a otro. 


 Antes de declararnos Estado autonómico tendríamos que habernos comportado como Estado mínimamente moderno y ordenado, vale decir con una clara definición de límites interdepartamentales. Pero no, empezamos por las grandes definiciones –que crean esperanzas– para luego sentirnos impotentes a la hora de las definiciones concretas –que crean decepciones y conflictos–, y eso no se arregla con la renuncia de un viceministro.


Cierto que Gonzalo Vargas parece más experto y más capaz que Hugo Siles (aunque si realmente es chuquisaqueño puede empezar por ser descalificado desde Santa Cruz), pero el problema de fondo –la insuficiente definición y reglamentación de las autonomías departamentales– es más importante que la persona  concreta que ocupa el Viceministerio de Autonomías.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba. 

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