Vamos a andar

¿Así que una ley contra la mentira?

viernes, 24 de agosto de 2018 · 00:10

Hemos visto a nuestro Presidente cuando expresaba públicamente su idea de proponer la promulgación de una ley contra la mentira, asumiendo así la aplica ción de la trilogía ética andina del ama sua, ama llulla, ama qhella. Le hemos oído también decir que ya se empezó con la Ley Anticorrupción (ama sua) y que ahora sería interesante legislar el ama llulla.

Para empezar, no podemos dejar de comentar que la famosa Ley Anticorrupción (con ministerio incluido, luego humildemente reducido a viceministerio) no se puede decir que haya dado resultado. ¿Ha disminuido acaso la corrupción en nuestro país? El sentimiento generalizado es que ha aumentado. Personal mente creo que lo que ha aumentado no es la corrupción como tal, sino, por una parte, la cantidad de dinero disponible y, por otra, la facilidad con que la corrupción sale a luz.

Mencionemos sólo el caso patético del Fondioc (hasta hoy sin ningún proceso) y podríamos mencionar otro montón de casos de alcaldes corruptos (como el de Achacachi o el de Patana, en El Alto, o el de Edwin Catellanos, en Cochabamba, y tantos otros). ¿Para qué ha servido la Ley Anticorrupción (salvo para liquidar opositores, como el caso del alcalde Leyes)? Tras la muerte de Carlos Villegas se hizo el silencio total sobre las denuncias de corrupción en YPFB.

Las reiteradas denuncias sobre corrupción de las empresas chinas no han sido tomadas en cuenta, para no mencionar ese montón de obras (por ejemplo del programa Evo Cumple) que fueron adjudicadas sin licitación y que siguen siendo bendecidas con la impunidad.

Si los problemas éticos se resolvieran con leyes, los Diez Mandamientos de Moisés habrían cambiado la sociedad judeo-cristiana, que en términos de corrupción no tiene nada que envidiar a las demás sociedades. Sin embargo, no es el caso. Por tanto, una ley contra la mentira se puede presumir que tampoco serviría para nada, y menos aún una ley contra la flojera, y no hablemos del cuarto mandato andino –el ama llunk’u–, que nunca llegó a ser tan vulnerado como ahora (basta escuchar a Gonzalo Hermosa).

No, compañero Presidente, la inmoralidad no se resuelve con leyes. Se podría resolver –parcialmente– con un sistema judicial probo e independiente, pero claro, eso es mucho más difícil de lograr que la redacción de una ley…

Pero, además, en el caso de las mentiras nos encontraríamos con que éstas pueden ser mucho más difíciles de comprobar que los actos de corrupción. ¿Con qué criterios se puede definir –incluso judicialmente– qué es verdad y qué es mentira? Pensemos el ejemplo reciente de la visita que hizo al TIPNIS el Tribunal de los Derechos de la Naturaleza. Cuando el Ministro de Gobierno lo descalifica, argumentado que no pasa de ser “una ONG”, ¿se puede acusar de mentiroso al Ministro?, ¿o sólo de desubicado?

Cuando los dirigentes del Polígono 7 afirman que el Tribunal tenía que haberles pedido permiso a ellos para ingresar a dicho territorio, ¿se los puede acusar de mentirosos o sólo de falaces, o nomás de desinformados? Y cuando niegan la producción de coca y cocaína, y nada menos que el Viceministro Felipe Cáceres tiene la honestidad de reconocer que en dicho polígono hay pozas de maceración, ¿ese testimonio de alto nivel sería suficiente para aplicarles a dichos dirigentes la hipotética ley contra la mentira?

Cuando las “plataformas ciudadanas” afirman que se tiene que acatar el referendo del 21 de febrero, ¿se las podrá acusar de mentirosas? Y si hablamos del llamado “cártel de la mentira”, ¿no sería peligroso empezar a averiguar quién empezó a mentir sobre la existencia de un hijo de Evo con Gabriela Zapata?

Esperemos que el Presidente caiga en cuenta de que su ley contra la mentira –que en teoría podría ser interesante– en la práctica no sólo es de difícil aplicación, sino que podría resultarle al Gobierno todo un bumerán. ¿O es que el Presidente se cree el montón de mentiras que le cuentan sus cogobernantes y sus codirigentes? No olvidemos que el llunk’erío no sólo no suele ser sincero, sino que es esencialmente mentiroso. Y, por supuesto, tampoco se arreglaría con una nueva ley…

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

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