Vamos a andar

¡Bienvenida nueva ley de adopciones!

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viernes, 19 de abril de 2019 · 00:10

La semana pasada se ha promulgado una nueva ley que facilita los procesos de adopciones (Ley 229 de Abreviación Procesal para Garantizar la Restitución del Derecho Humano a la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes). Ya era tiempo de que el Estado apoye esta posible vía de solución para los millares de niños y niñas que, carentes de familia por cualquier razón, se encuentran viviendo en hogares de menores. 

En principio no tenemos nada contra la existencia de esos hogares. Si bien se sabe que los hay de muy diferente calidad humana (y que algunos deberían cerrarse por ausencia de la más mínima calidad y calidez), pero ni el mejor de los hogares puede suplir realmente a una familia. Aunque en ellos se proporcione a niños y niñas una buena alimentación, y ropa limpia y juguetes abundantes, lo que resulta imposible es proporcionarles el cariño materno, y paterno. Y sin ese cariño se hace imposible un desarrollo realmente humano (físico, intelectual, afectivo, social). Y por tanto esos miles de niños y niñas que no encuentran una familia adoptiva están condenados/as a la inmadurez afectiva, a la seguridad personal, a una vida realmente libre y humana.

En los primeros años del actual Gobierno se emitió decretos que pretendían garantizar la seguridad de esos niños y niñas, y evitar el tráfico de menores por la vía de dificultar el proceso de adopción, empezando por la peregrina idea de promover las adopciones nacionales y dificultar las adopciones internacionales (desconocimiento de la propia realidad: en este país lo que sobra son niños, a diferencia de los países desarrollados, donde los niños y niñas escasean, entre otras cosas porque muchas parejas se dan cuenta de que quieren tener hijos cuando ya es tarde para ellas…).

Sin embargo esas dificultades, ese montón de trámites burocráticos, que supuestamente pretenden evitar el tráfico, lo que hacen es promoverlo. Se ha sabido de familias europeas que ante el problema que les suponía tener que hacer varios viajes a Bolivia para cumplir los interminables requisitos de una adopción, optaban por la vía ilegal (y que había consorcios formados por respetables abogados nacionales para llevar a cabo ese negocio sumamente rentable).

Y mientras tanto los hogares rebalsaban -y siguen rebalsando el día de hoy-, y a miles de niños se les iba borrando toda esperanza, ya que son muy pocas las familias dispuestas a adoptar adolescentes, cosa comprensible, porque la experiencia humana gratificante es la de acompañar el crecimiento los hijos o hijas desde su más tierna infancia.

Por eso la nueva ley era urgente. Y ya su nombre indica que está bien pensada: “abreviación procesal”, era lo más urgente. Pero la ley incluye otra serie de “ejes” indudablemente positivos: 

- Abreviación del trámite judicial para que un niño extraviado retorne a la familia (y no haga falta adopción)

- Facilitación para que niños y niñas cuenten con una identidad que les permita participar en los procedimientos de adopción.

- Reducción del plazo para que familias irresponsables pierdan la patria potestad.

 - Creación de un registro único nacional para niños y niñas en situación de adopción, con el fin de acelerar los procesos de adopción.

- Facilitación de las adopciones internacionales (lo que incluye además la firma de convenios con estados europeos).

Con esta ley se espera -así lo dijo el Presidente de la Comisión de Constitución del Senado- que un proceso de adopción pueda durar sólo tres meses o, en el peor de los casos, seis meses.

A lo dicho se añaden disposiciones sorprendentemente favorables, como ¡la inamovilidad laboral de padres o madres adoptivos por un año, o como una licencia remunerada para las horas o días requeridos por padres/madres durante el período preadoptivo!

Realmente es una buena noticia. ¡Bien por el Ministerio de Justicia!

 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba

 

Confidencial

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