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Monsanto condenada en California ¿y bienvenida en Bolivia?

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viernes, 05 de abril de 2019 · 00:10

Se acaba de saber que un jurado de California condenó a la empresa Monsanto (ahora Monsanto-Bayer) a pagar 80 millones de dólares por “negligencia”, concretamente por haber escondido los riesgos del Roundup, un herbicida a base de glifosato y  que por tanto es evidentemente transgénico, pese a que la empresa en cuestión se pasó la vida negándolo.

 La sentencia de dicho jurado se basó en un caso concreto y comprobado de cáncer (causado por ese herbicida). Y adicionalmente se informa de que en los mismos Estados Unidos hay más de 11.000 juicios que esperan sentencia. Es más: dicho jurado responsabilizó a Monsanto por sus “40 años de conducta delictiva, ya que además de esconder información”, mantiene una política permanente y planificada para comprar científicos, medios de comunicación y funcionarios... Grave ¿verdad?

Pero lo más grave es que dicha sentencia se pronuncia justo en momentos en que en nuestro país se le está abriendo más puertas al tal glifosato, concretamente para la producción de soya transgénica. La obsesión por incrementar —y abaratar— la producción de soya pasa por encima del discurso oficial de nuestro Gobierno (y de nuestra Constitución) en el sentido de defender los derechos de la Madre Tierra, pero además sin pensar que cualquier daño causado a la Madre Tierra se traduce en una cadena de daños para la salud de la población.

Además no necesitamos esa soya transgénica, podríamos vivir perfectamente bien sin ella; tenemos muchas otras cosas que exportar, además de que deberíamos reírnos de la consigna “exportar o morir”, sobre todo cuando la práctica apunta al “morir”…

Y no me vengan con que la justicia de Estados Unidos no es confiable. Por supuesto no siempre lo es, pero estos tribunales que se atreven a sancionar a una poderosa transnacional (provocando una notable caída del valor de sus acciones) parecen ser muy serios (y ni siquiera los vamos a comparar con los nuestros).

Cierto que la tendencia es mundial. Nos informan que en Argentina se aplica glifosato en 28 millones de hectáreas y no sólo para soya y algodón, sino también para las vides, cítricos y frutales, en general, y para girasol y trigo y para pasturas. Pero en Bolivia no tenemos por qué seguir el ejemplo argentino, como no tenemos que dejarnos desinformar por quienes publicitan el agronegocio, minimizando o negando las consecuencias de los agrotóxicos.

La investigación Antología toxicológica del glifosato, realizada por Eduardo Rossi (de la Campaña Paren de Fumigar Santa Fe), dio cuenta de la existencia de al menos 830 trabajos científicos que confirman los efectos en la salud y el ambiente. Y en 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud), ubicó al glifosato en segundo nivel de peligrosidad “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.

Y cuando los defensores del agronegocio implementaron una estrategia ante la evidencia contra el glifosato: impulsar las “buenas prácticas agrícolas”, con la ilusoria promesa de disminuir los riesgos y, por otro lado, intentar reemplazar el glifosato con otros herbicidas.

Los afectados por el agronegocio (pueblos fumigados, campesinos, indígenas, asambleístas socioambientales) aclaran que el problema de fondo no es el glifosato, sino el modelo agropecuario con base en transgénicos y uso masivo de agrotóxicos.

 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

 

Confidencial

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