Vamos a andar

¿Reforma o sustitución de la Policía?

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viernes, 17 de mayo de 2019 · 00:10

Sabemos que una de las preocupaciones de Evo Morales, cuando asumía la Presidencia, era la reforma de la Policía, no porque todos los oficiales y suboficiales fueran irresponsables o corruptos –sin duda los hay con vocación de servicio y con espíritu cívico–, sino porque la institución como tal está mal estructurada y permite frecuentes actos de corrupción, de abuso de autoridad y de comisión de delitos tan graves como el narcotráfico.

También sabemos que el problema no es simple, es sumamente complejo, y se sabe que en muchos países se repiten las denuncias y quejas contra sus respectivas instituciones policiales. Pero un gobierno como el de Evo, que tuvo la audacia y la claridad necesarias para reventar el modelo neoliberal, que se atrevió a poner en su lugar nada menos que a la Embajada de los Estados Unidos, y que fue capaz de someter a las poderosas transnacionales petroleras, cabía esperar que también fuera capaz de reformar la Policía…

Sin embargo, al cabo de 13 años de gestión (con alentadores resultados económicos iniciales, y con un control absoluto –no tan alentador– de los órganos Legislativo y Judicial), los escándalos generados por altos y medianos mandos policiales van en aumento: ahí está el caso de Montenegro (quien  venía operando en Brasil, Colombia y Panamá) y el caso de Medina (relacionado con Montenegro), y los casos de Moreira, de Brun, de Justiniano, de Tapia y Nina, de Navia Gorena y Navia Arancibia (quienes  llevan nueve años de proceso judicial que no avanza, y que encima gozan de libertad y se pueden dedicar al negocio de vender autos), el caso de Paz Tufiño; sin contar los casos de oficiales bolivianos procesados en Estados Unidos (como Sanabria y Ormachea)…

¿No es un espectáculo deprimente y que deja muy mal parado a nuestro actual Gobierno? Y hemos hablado sólo de vínculos con el narcotráfico –que internacionalmente desprestigian a nuestro país–; pero podríamos mencionar también otra serie de comportamientos delictivos, como los cobros irregulares en la Academia Nacional de Policías, o la injerencia gubernamental en temas de ascensos y cargos, o la complicidad directa con el contrabando, o los abusos y violaciones, o la falsficación de datos (ahí De la Barra).

Lo menos que podemos diagnosticar es la incapacidad del gobierno para resolver el problema, así como la errónea pretensión de tener una institución policial al servicio de ese gobierno, y no al servicio de la sociedad…

Por supuesto no se lo puede responsabilizar directamente de todo esto al Ministro de Gobierno, pero sí cabría esperar de dicho Ministro que, al comprobar que el problema le resulta imposible de resolver, por lo menos presente su renuncia…

Y ahora, ¿qué? ¿Será que se puede reformar la institución policial a partir de los oficiales y suboficiales que realmente tienen vocación y profesionalidad –y que hoy se encuentran marginados e impotentes–? No parece posible. ¿Suprimir la actual institución y crear otra nueva? Parece muy difícil. ¿Hacer el experimento de funcionar como Estado sin Policía? Sería una tremenda novedad y, por supuesto, no hay garantías de que resulte efectiva, pero a falta de otra solución cabría pensarla…

En todo caso, lo evidente es que así no podemos seguir, ya que lo único que se consigue es el desprestigio creciente de dicha institución y la consiguiente desmoralización de los oficiales, y suboficiales que quieren cumplir su misión y se encuentran entre la espada y la pared. Y en todo caso la responsabilidad es del Gobierno (y por supuesto del Ministro en cuestión), quien  no pueden limitarse a lamentar lo que ocurre, ni a alegrarse de que tal o cual delincuente policial sea descubierto y detenido. Hay que atreverse a hacer algo. ¡Ukhamau!

 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

 

Confidencial

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