Rafael Puente

¿Realmente no se puede gobernar sin aprovecharse del poder?

viernes, 03 de enero de 2020 · 00:11

Tenemos un gobierno transitorio al que nadie había elegido, pero que no por eso deja de ser constitucional y que gracias a la madurez de la bancada parlamentaria —opositora— del MAS nos está pudiendo conducir con serenidad y coherencia política a las próximas elecciones.

Un hecho interesante fue que la presidenta Añez nos mostró una actitud política coherente cuando realizó su último viaje a Santa Cruz (viaje que se debía a razones personales) y lo hizo en BOA, como cualquier ciudadana, y no aprovechándose indebidamente del avión presidencial (como lamentablemente acostumbraba hacer el anterior Presidente). Qué bien.

Sin embargo, al mismo tiempo, se supo que el Ministro de Gobierno había designado como consulesa, nada menos que en Miami, a una hermana suya. Y ahí aparece el resto del gobierno, incluyendo a la Presidenta, apoyando dicha designación, a todas luces expresión del peor de los nepotismos.

No, ministro Murillo, designar a un pariente en un cargo público es un hecho deplorable, y no hay posibles motivos que realmente lo justifiquen (y menos todavía si se trata de resolver problemas personales que dicha pariente pueda tener). Tampoco se justificaría por ser una persona “capaz”, como nos ha explicado la Presidenta.

La presencia en cargos estatales sólo debe servir para mejorar la estructura de tal o cual repartición pública, para resolver problemas sociales o nacionales, nunca para resolver problemas personales de los propios parientes (por valiosos que éstos puedan ser).

Por supuesto, no es el primer caso de nepotismo que hayamos tenido que aguantar. Pero no por eso vamos a admitir que es algo normal, ni políticamente aceptable. El Estado fue un mal invento, ya en tiempos muy antiguos, porque es una forma deshumanizante de organización de la sociedad. El ideal sería que pudiésemos vivir sin Estado, ése es el fondo de las posiciones anarquistas, y aunque hoy lo consideremos inevitable (es cierto que no estamos preparados para vivir sin Estado), no debiéramos renunciar a vivir cada vez con un poco menos de Estado y un poco más de sociedad.

En todo caso, por mucho que el Estado sea inevitable, no puede convertirse en fuente de privilegios personales para quienes ocupan cargos en el mismo y, menos aún, en un cargo tan visible como es el Ministerio de Gobierno, responsable del orden y la paz ciudadana. Un ministro de Gobierno debiera ser el más empeñado en mostrar a la sociedad civil que la presencia en la cúpula del Estado no puede utilizarse para resolver problemas personales (ni de salud  ni de trabajo  ni de nada).

Y este principio, que vale para cualquier gobierno, vale doblemente para un gobierno interino, al que nadie ha elegido, es decir, al que nadie le ha confiado esa responsabilidad. Se puede decir que hasta ahora el gobierno de la señora Jeanine mantenía una línea coherente y moderada, aunque algunas de sus decisiones políticas, tendentes a corregir abusos o impertinencias del gobierno anterior, pudieran ser discutibles o prematuras.

Esta decisión no es coherente. Y la decisión del ministro Murillo no es que sea equivocada —todos podemos equivocarnos—, sino que es éticamente inaceptable. Y es un mal antecedente. Y los ciudadanos y ciudadanas de a pie no sólo tenemos el derecho, sino también el deber de denunciarla. ¿O no lo creen ustedes, amables lectores de Página Siete?

 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba. 

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