Rafael Puente

¿A qué le llamamos ganancias “ilícitas”?

viernes, 12 de noviembre de 2021 · 05:12

La movilización social en contra de la Ley 1386 es cada vez más amplia y más intensa, y tiene lugar en todo el país, si bien en algunos departamentos (como Potosí y Santa Cruz) parece ser especialmente fuerte y decidida. Mientras tanto nuestro Presidente Luis Arce parece más preocupado de su imagen (se hace fotografiar con su sombrero y su guitarra) que de la estabilidad política (y a largo plazo económica) del país. Y esa estabilidad es la que se ve ahora amenazada por toda una movilización en contra de una ley (la 1386) que condena lo que llama “ganancias ilícitas”.

La primera pregunta es a qué le llamamos ganancias “ilícitas”, adjetivo que a primera vista significaría delictivas, o sea contrarias a la legislación vigente y a los derechos ciudadanos. Pero si es así nadie podría estar en contra de dicha ley, ya que equivaldría a defender el derecho a cometer delitos. ¿Entonces?

Espero no equivocarme en la interpretación de dicho adjetivo, que en este caso no equivale a “delictivas”, sino a algo así como “no previstas por ley”, y entonces ahí entrarían lo que mucha gente cobra por su trabajo privado y personal, desde el humilde barrendero hasta el no tan humilde consultor privado pero que también cobra por sus servicios. Por tanto sería una ley que se ha promulgado sin tener en cuenta para nada la situación que vive el país  (vale decir los habitantes de ese país). Ojalá todos y todas pudiéramos contar con contratos laborales para el ejercicio de nuestra profesión o de nuestras habilidades, pagando por supuesto los correspondientes impuestos. Pero no es el caso. Precisamente porque nos gobierna un economista de alto nivel, y que se ha vuelto burócrata en vez de verdadero “patriota”, la mayor parte de la población se gana la vida como puede, y  ya ni sueña con ocupaciones laborales previstas por ley.

La mayor parte de la población sobrevive como puede, se inventa trabajos más o menos remunerados, se busca quehaceres que no responden a su profesión formal, ni siquiera a su experiencia real, sino lo que pueda ser. Y ahí viene la Ley 1386 que quiere obligar el pago de impuestos por ese tipo de ingresos, de por sí insuficientes. El mundo entero está en crisis, primero porque se encuentra excesivamente poblado, pero también porque la concentración de riquezas es cada vez mayor, y más abusiva. Y frente a esa crisis cada quien hace lo que puede, lo que se le ocurre, y se encuentra gravemente limitado. Y ahí viene el invento de dicha ley, que pretende cobrar impuestos por esos quehaceres que no responden a ninguna preocupación ni planificación estatal. Quehaceres que cada quien se inventa en busca de un mínimo bienestar personal y familiar.

Y ahí viene el Estado, como siempre autoritario y burocrático, que a esas actividades las califica de “ilícitas” (lo que casualmente suena a “delictivas”) y quiere cobrar impuestos por ellas.

No, señor Presidente y señores legisladores, el Estado no puede cobrar impuestos por actividades privadas, a las que no ha aportado ni legislación ni apoyo de ningún tipo. Sería algo así como un “impuesto a la sobrevivencia”. Claro que el Estado por definición, y por historia, siempre ha sido abusivo, y las más de las veces inhumano, pero nunca ha llegado al extremo de inventarse el cobro de impuestos por actividades que nunca ha promovido ni facilitado ni previsto.

Señores representantes del Estado (y de sus tres poderes): Lo menos que ustedes pueden hacer es enterarse de lo que pasa en su propio país, de lo difícil que se va volviendo la sobrevivencia para muchísimas familias; y no limitarse a cobrar impuestos por actividades y quehaceres totalmente ajenos a su responsabilidad y preocupación como Estado. Y si insisten en mantener vigente esa ley (que lleva el número 1386), acabarán siendo repudiados por burócratas y por inútiles.

¿Qué dirá nuestra Pachamama, cada vez más olvidada?

 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

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