Rafael Puente

¿Necesitamos que nos hagan justicia desde Estados Unidos?

viernes, 28 de mayo de 2021 · 05:11

Ayer, jueves, la noticia del día fue la detención en Estados Unidos del exministro Arturo Murillo (y sus cómplices) por haber recibido un soborno de 2,3 millones de dólares para la compra masiva de gases lacrimógenos. Por una parte, es lo que faltaba para el descrédito de nuestra expresidenta Jeanine Añez, a la que no hace falta imputar de “golpista” (que no lo fue) para desacreditarla todavía más, sino que se imputa a sí misma de inepta al haber designado a semejante ministro y no haber sido capaz de controlarlo (ni a él ni a nadie).

Con el pretexto de que la justicia en Bolivia es poco confiable, Murillo se fuga a los Estados Unidos, donde la justicia (con todas las limitaciones que también allá pudiera tener) es mucho más seria y efectiva que la nuestra. Por lo visto, lo que le correspondería a Murillo sería una condena de 30 años de cárcel. Ojalá esta pena se haga efectiva (y mejor en los mismos Estados Unidos, ya que aquí en nuestro país pueden aparecer de repente rebajas de la pena, arrestos domiciliarios o cualquier alivio para semejante crimen).

No sólo se trata de una estafa al país, sino además de una estafa destinada a la represión de la población movilizada, por tanto, de un crimen contra la democracia como tal (por muy insuficiente e insatisfactoria que ésta nos resulte). Y, claro, como era un Gobierno transitorio, había que obtener ganancias rápidas y descaradas; no fuera que se acabara el plazo para hacerlo.

En momentos de pandemia, de falta de presupuesto para el funcionamiento de los hospitales ya existentes y la improvisación de nuevos centros de salud, se gasta la plata del Estado en instrumentos de represión y de daño a la población (no otra cosa son los gases lacrimógenos).

Por supuesto que se trata de un delito personal (del que el Estado como tal no es responsable), pero se trata además de una comprensión diametralmente equivocada de lo que son las funciones del Estado, ya que en estos momentos de pandemia lo que está apareciendo como carencia más grave es el creciente desempleo, la tendencia a la disminución de niveles salariales, el peligro de devaluación de la moneda (que paradójicamente sigue siendo la más estable del continente), y, sobre todo, la incapacidad de los hospitales y otros centros de salud para responder a las más urgentes necesidades de la población, entre las cuales es seguro que no está ni va a estar el uso de gases lacrimógenos.

La tarea central de nuestros gobiernos es ahora el ahorro, la reducción de gastos estatales a un mínimo imprescindible, la multiplicación de centros de salud (aunque sean improvisados). En ningún caso se justifica gastar los recursos que no tenemos en material represivo, y, por supuesto, mucho menos todavía en utilizar esos gastos innecesarios en pretexto para el negociado y la corrupción.

Del señor Arturo Murillo ya sabíamos que un ministerio le quedaba grande, pero no sabíamos que su ineptitud lo llevaría a utilizar los planes represivos para multiplicar la corrupción. Y más allá de la visión crítica que podamos tener del imperialismo yanqui, nos alegramos de que en dicho país la justicia funcione, y en este caso ojalá funcione hasta el final (hasta el cumplimiento de las penas que le imponga el sistema judicial). ¡Así sea!

 

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.

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