Rafael  Puente

¿No es Bolivia un país para todos?

viernes, 30 de julio de 2021 · 05:11

Cuando salió estos días la noticia no parecía que pudiera ser verdad. En pleno Salar de Uyuni, una de nuestras maravillas naturales (y por tanto también turísticas), comunarios enfurecidos ¡han quemado un hotel! Pero además un hotel novedoso, constituido por “domos” de forma semi-esférica, sumamente original y atractiva.

En mitad de la pandemia, y de la crisis económica que entre otras cosas se expresa en la creciente escasez de puestos de trabajo y de fuentes de ingresos —¡y de la disminución del turismo!— un grupo de pobladores del Sudoeste potosino deciden quemar ocho domos turísticos (arguyendo problemas de límites no bien definidos entre dos departamentos), deciden por tanto hacer lo posible para que desaparezcan las visitas turísticas a nuestro Salar (que es de todos los bolivianos y bolivianas), que nuestro país se desacredite por esta actitud criminal de determinados grupos indígenas, y que por tanto la crisis económica que vivimos se agrande.

El Salar de Thunupa es una continuación del Salar de Uyuni, y la empresa turística “Septur” es una de las muchas autorizadas para explotar esa riqueza turística;  por tanto, goza de todos los derechos legales a ser protegida contra grupos criminales.

El argumento que esgrimen los pobladores incendiarios es el de “invasión de territorio”. Por tanto no son conscientes de que el “territorio” al que se refieren es fundamentalmente Bolivia, que la subdivisión territorial es de segunda importancia, y que la empresa “Septur” no tiene nada que ver con nuestras indefiniciones territoriales. Así de insuficiente es nuestro “Estado Plurinacional”, así de atrasados estamos, pero nada se arregla incendiando, destruyendo y empobreciendo a ese país del que se supone que forman parte.

La revista TIME (de los Estados Unidos) considera el Salar de Uyuni como uno de los 100 “destinos extraordinarios” para la exploración turística, pero esta prometedora calificación no servirá de nada si grupos de pobladores de ese “destino” se consideran autorizados a incendiar y destruir para “defender sus derechos”.

Lógicamente la empresa suizo-boliviana “Kachi Lodge” ya ha advertido que si en Bolivia no hay protección jurídica ella se va. No es admisible que grupos de pobladores del Sudoeste potosino puedan atribuirse el derecho de destruir establecimientos turísticos acusándolos de “invasión de territorio”. Y si no están claros los límites entre los departamentos de Oruro y Potosí, concretamente en lo que se refiere al Salar, que acudan a las autoridades competentes, pero en ningún caso se justifica la destrucción de ninguna infraestructura turística, y menos de una novedosa y atractiva como eran esos “domos”.

Pero además la empresa comunica que la Policía no acudió cuando se le comunicó el absurdo atentado. ¿Por qué no le dio importancia? ¿Porque tenía miedo? En cualquier caso no estuvo a la altura de su responsabilidad institucional. ¿Para qué tenemos Policía? ¿Sólo para detener a rateros sueltos o poner multas en los accidentes de tránsito? ¿No le corresponde también proteger los derechos de propiedad, y también de propiedad empresarial y turística? Por supuesto nadie querrá venir a hacer turismo en Bolivia si no tiene garantías y puede ser víctima de asaltos, atentados y robos.

Pero lo más grave no es la ineptitud de la institución policial (que puede ser objeto de una rápida reforma, incluido el incremento de su presupuesto). Lo más grave es la tragedia cultural que se expresa en este tipo de hechos. ¿No son Oruro y Potosí dos departamentos hermanos, parte de una misma patria que todavía tenemos que consolidar y construir? ¿Qué espectáculo damos al mundo con estas peleas internas que sólo tienen ingredientes egoístas y destructivos? ¿Irían ustedes, queridos lectores, a visitar países donde sus propios pobladores se están matando unos a otros y destruyendo sus riquezas?

Todavía está en curso la cuantificación de daños, pero más allá de esa cuantificación, sería importante que nuestro gobierno, en lugar de gastar energías en la calificación de “golpista” a una ex presidenta, se dedique a poner en su lugar a grupos que buscan dividirlo y destruirlo. ¿Qué dicen los gobernadores de Oruro y Potosí, que por lo visto sabían del peligro?

Ojalá nos lo expliquen…

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.
 

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