La escaramuza

El 205.

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martes, 26 de diciembre de 2017 · 00:07

La penalización de la práctica médica encierra el oculto objetivo de controlar las instituciones sociales no afines al régimen bajo la instrumentalización jurídica del miedo y la intimidación laboral, requisito indispensable en el intento de someter la sociedad en los modelos que en el siglo XXI adoptaron los regímenes totalitarios, bajo la difusa definición de “democracias participativas”, “comunitarias” o “populares”.  


 Estas formas de gestión del poder desconocen los mecanismos de participación y representación de la comunidad, y se sostienen en lo que se ha dado en llamar “movimientos sociales”, que en el caso boliviano no son más que corporaciones económicas que se incorporan como beneficiarios de la bonanza en primera línea.


 En este contexto, el conflicto iniciado por los profesionales de salud tuvo la virtud de mostrar un verdadero movimiento social  y al hacerlo ha develado la naturaleza del régimen presidido por Evo Morales y García Linera; por lo demás, ha puesto en evidencia los límites que el poder instituido encuentra cuando tiene un interlocutor que no sea producto de la embriaguez que suele producir el poder. 


 Entre profesionales, artesanos, operarios, burócratas y ramas afines, el gobierno del MAS encontró la horma de su zapato. Lo curioso es que después de tanta demagogia, empezamos a ver que no tiene idea de lo que es un movimiento social de verdad. Por momentos, frente al poderoso impulso de la sociedad civil, el régimen parece hundirse en sus propias imprecisiones.


 Si ponemos en perspectiva el conflicto,  llama la atención que sólo un gremio –los profesionales en salud- hayan puesto en jaque el poder del régimen. Probablemente se deba a que en todo lo que hace a la salud, la enfermedad y la muerte, las argucias discursivas, propias del populismo, caen por su propio peso. En estos temas la demagogia no ayuda. 


 La millonaria campaña mediática de pésimo gusto y técnicamente horrorosa que trata de inculpar a los médicos, lo único que ha puesto en evidencia es que los responsables de la salud pública nacional no tienen idea de lo que se trata. Sus argumentos resultan insuficientes o, quizás, no tienen la talla moral para decirle al pueblo que por cada error médico hay miles de aciertos médicos, que el ciudadano de a pie valora y reconoce. En la otra cara de la medalla, el gremio ha comprendido que hay límites  que debe respetar  -sobre todo económicos-  si quiere gozar del apoyo ciudadano. 


 En medio de la sucesión caótica de aparentemente castos argumentos que el régimen esgrime, la percepción ciudadana reconoce un trasfondo político, asociado a intereses de poder entre regímenes afines como el de Venezuela y particularmente Cuba.  Después de más de una década en que las nociones de identidad y amor supremo a la patria derivaron en una sincera  pasión anticolonial, resultó que la pretendida posibilidad de importar médicos cubanos deviene en la más colonial de las medidas.

 Colonizar la atención médica no parece ser coherente con el discurso oficial y menos con la conciencia ciudadana; de hecho, todo muestra que los bolivianos preferimos curarnos con un profesional boliviano, por malo que sea,  a caer en manos de un advenedizo cubano.


 Las cosas han alcanzado su punto máximo y la ciudadanía se volcó a favor de los profesionales en salud. No tanto porque la falacia gubernamental fue develada ante la valiente respuesta del gremio, sino porque estamos cansados de la manipulación, la mentira, la demagogia y la soberbia de un régimen insensible que nos trata como párvulos iletrados. Y esto, a más de ser un error político, es una afrenta a un pueblo que sabe reconocer con absoluta claridad el límite entre la libertad y la tiranía.

Renzo Abruzzese es sociólogo.

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