La escaramuza

Cocaleros: el fin de una hegemonía sospechosa

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martes, 04 de septiembre de 2018 · 00:11

La economía categoriza a los agentes productores por rubros. Así, quienes producen soya se denominan soyeros, quienes producen arroz, arroceros y quienes producen coca, cocaleros. Independientemente de su localización e incluso de sus formas organizativas, se trata de sectores diferenciados por el tipo de producto que obtienen como fruto de su trabajo. Lo que puede diferenciarlos es el régimen al que son adscritos, unos son productores legales y otros ilegales, y, por otro lado, al régimen que ellos deciden adscribirse: unos son narcococaleros y otros cocaleros originarios. Aunque pertenecen al mismo rubro, las diferencias entre ellos son importantes.

En el caso boliviano, todos sabemos que el Presidente de la República es, a su vez, Presidente de la Federación de Cocaleros del Chapare, organización altamente asociada al régimen y beneficiaria del poder. Los cocaleros de los Yungas paceños, en cambio, cuya producción está destinada al uso legal, considera que el trato gubernamental muestra enormes diferencias, a pesar de pertenecer al mismo gremio productivo. Y, aunque en un principio reconocían el liderazgo de Morales, en las mismas proporciones que los chapareños, la evolución de las cosas los terminó enfrentando. Ese es el momento en se quiebra el liderazgo de Morales frente al poderoso sector.

Estas alteraciones al interior de una fuerza productiva en la que descansa parte del poder estatal dejan ver las grandes contradicciones que asolan al MAS-IPSP y, en consecuencia, la situación del régimen en su integridad. Su gravedad radica en que desencadena un amplio espectro de contradicciones internas, que se agudizan frente a la masiva protesta ciudadana en torno al “Bolivia dijo No”, un movimiento ciudadano que, desprovisto de una ideología y de una estructura política formal, se muestra como una fuerza política difícil de combatir desde los ya conocidos y desgastados argumentos oficialistas.

Como no se trata de un rubro o una confederación de productores, sino de una consciencia nacional en las calles, el conjunto de los mecanismos políticos para neutralizar el movimiento está paralizado. La dificultad mayor –sin embargo– es que deviene muy complicado combatirlos, porque al basarse en la defensa de la democracia, combatirlo sería complotar contra su propio discurso, según el cual Bolivia es democrática.

Esto viene a colación dado que sería una ingenuidad pensar que el enfrentamiento entre dos sectores cocaleros es sólo producto de sus particulares intereses; en realidad, es la expresión del agotamiento de un modelo político cuyo discurso ya no posee la fuerza suficiente como para homogeneizar y cohesionar a amplios sectores de la sociedad. El MAS pierde aceleradamente su capacidad de convocatoria nacional y se le escapan de las manos aquellos hilos que tan fuertemente controlaba hace algunos años.

Cuando Morales llegó al poder tenía a su favor un escenario en el que las fuerzas políticas estaban en crisis y el sistema político, en su conjunto, había colapsado. El intento de crear un tipo democrático absolutamente incoherente con la estructura social boliviana, lo único que produjo fue una progresiva diferenciación, cuyas tensiones las experimentamos ahora. De hecho, casi todos los sectores aliados al oficialismo muestran serios síntomas de un alejamiento “prudente” ante la arremetida de la sociedad civil democrática.

El conflicto con los cocaleros de los Yungas es, en consecuencia, sino el primero, uno de los primeros que pone de manifiesto el debilitamiento político del régimen y la crisis de una hegemonía, de la que usufructuó a su regalado gusto. No se trata de una disputa entre unos cocaleros y otros cocaleros; se trata de un litigio al interior del corazón del poder, en los intersticios de los que Evo Morales cosechó gran parte de su poder en los inicios del movimiento que lo llevo al Palacio de Gobierno.

Renzo Abruzzese es sociólogo.

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