Atando cabos

Políticas en tiempos electorales

martes, 30 de octubre de 2018 · 00:09

Para nadie es un secreto que ingresamos a la campaña electoral más larga de la historia de Bolivia. Los candidatos darán a conocer sus propuestas de política económica y social; mientras que el oficialismo aprobará políticas de corte económico con impacto social.

Flotan en el ambiente político varias demandas de sectores sociales, gremiales, trabajadores asalariados; personas con distintas enfermedades sin posibilidades de tratamiento. Jubilados por mejorar sus rentas, indígenas defendiendo sus territorios, agua en el norte de Potosí, construcción de carreteras, etcétera. La lista es larga de todos los reclamos sociales que no fueron atendidas por el Gobierno en los últimos 12 años.

Las facturas de la desatención gubernamental las pagará en este año de campaña electoral. Por ello repuso el pago del segundo aguinaldo, altamente comentado por analistas y empleadores. Se volvió a demostrar que los pequeños empleadores, los cuales tienen emprendimientos intensivos en mano de obra, son los más perjudicados; los sitúa al borde de la quiebra. Por ello pretenden instruir que el segundo aguinaldo podría ser pagado en especie, a pesar de que la ley señala que los pagos salariales se tienen que realizar “en moneda de curso legal”.

El 25 de octubre, el Gobierno presentó el DS 3698 que modifica el Régimen Tributario Simplificado, mediante el que amplía el capital máximo de 37.000 bolivianos a 60.000 bolivianos. Todos sabemos que el Régimen Tributario Simplificado es el refugio de aquellos comerciantes que no quieren integrarse el Régimen General y que evitan pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a las Utilidades, así como el Impuesto a las Transacciones. Pero además de toda esa evasión, estos empresarios evitan pagar las cargas sociales a sus trabajadores.

Según la Confederación de Gremiales del país, se beneficiarán con esta medida aproximadamente 38.000: se pasará de 92.000 comerciantes que integran el régimen simplificado a 130 mil. Por información publicada en el periódico Página Siete, el “secretario Ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, reconoció que el sector apoya al Presidente Evo Morales para una nueva reelección”.

De esta manera, los esfuerzos de muchos años por tratar de formalizar a los informales para que éstos paguen impuestos se esfumaron por obra y gracias de la campaña electoral. De esta manera se ratifica que los empresarios formales y los trabajadores asalariados son los que deben seguir aportando a los ingresos del Estado nacional.

El Ministro de Economía adelantó que con la medida de ampliación del régimen tributario se pretende registrar a más comerciantes para que se beneficien con otras políticas de Estado. Es decir, que además de favorecerse con la medida, se beneficiarán con otras más. Lo curioso es que muchas de las medidas, como el doble aguinaldo o la ampliación del régimen simplificado, inicialmente no fueron demandas explícitas de los sectores; es decir, no estuvieron antecedidas por movilizaciones, huelgas y otras formas de conflicto, por ello aparecen como una dádiva del Gobierno.

En estas elecciones estamos asistiendo a una nueva forma de cohecho electoral, políticas aprobadas, incluso en contra del interés nacional, a cambio de votos. Pasamos de regalar baldes, arroz, etcétera a subastar políticas públicas. Esto no quiere decir que no se utilizará la práctica de regalos de objetos a cambio de votos.

Seguramente en los próximos 12 meses que restan de campaña electoral nos toparemos con varias de esas sorpresas, tantas como las demandas insatisfechas existen.

Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales.

Confidencial

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