Atando cabos

Quiborax: empresa trucha

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martes, 26 de junio de 2018 · 00:13

Cuando una inversión extranjera cumple las normas nacionales, genera empleo,  transfiere tecnología y aporta al desarrollo del país tiene que ser bienvenida. Cuando una  empresa, como Quiborax, que, según se afirma, realizó una inversión menor a un millón de dólares, que comenzó a explotar el Salar de Uyuni con tecnologías rudimentarias (utiliza la yareta como combustible),  que no cumple con las normas nacionales, que no rinde cuentas de su actividad al Estado y, sobre todo, que es intrascendente para el desarrollo nacional, en definitiva es una empresa trucha; por lo tanto, no mereció ser bienvenida en el país. 

 Quiborax es una empresa Chilena  que se asocia con la empresa boliviana Non Metalic Minerals SA, que explotaba las concesiones del boliviano David Moscoso, siendo este último el accionista mayoritario de la sociedad. Por lo tanto, Quiborax chilena se vuelve en territorio boliviano una empresa boliviana. Para poder recurrir a la CIADI, Moscoso falsifica actas del directorio y transforma una empresa boliviana en internacional; es decir, en una empresa internacional trucha.   

Quiborax realizaba sus actividades en un recóndito lugar de la nación, una región cercana a la frontera chilena, país al cual pertenecían los socios minoritarios (no sé por qué me acuerdo del año de 1879). Esta empresa pudo llegar a trabajar ahí gracias a la Ley 1854 (Ley Valda), promulgada en 1998, la misma que posibilita que empresas privadas, nacionales o extranjeras,  explotaran parte de la costra salina del Salar de Uyuni, que antes estaba prohibido.

El  Delta del Río Grande de Lípez, lugar  donde centró sus operaciones, está muy lejos y prácticamente no hay vías de comunicación, sólo opera un tren de carga, pero también el  Estado está lejano. En esa región no hay oficinas de ninguna repartición pública. De esa manera, es prácticamente imposible que el Estado fiscalice las actividades empresariales en esa zona. 

Los de  Quiborax  encontraron un lugar donde podían explotar el Salar de Uyuni como a ellos les complacía, porque era prácticamente imposible que un funcionario público llegue a ese lugar, lugar ideal para una empresa trucha. Según la investigación que realizó Sandra Mamani Roldán para la Red de Comunicaciones Pio XII, “esta empresa no hizo nunca ninguna inversión para desarrollar el yacimiento minero en Bolivia, incluso alquiló la estación de ferrocarril de Río Grande para instalar sus oficinas y trabajar a través de contratistas bolivianas, que explotaban el mineral, que, sin el más mínimo tratamiento, era exportado a Chile a siete  dólares la tonelada. Tan expuesta era la situación que Quiborax no tenía ni una pala excavadora a su nombre”. Y el CIADI, institución del  Banco Mundial, se presta a juegos sucios de esta empresa trucha.  

Esta empresa no es expulsada por el decreto de Carlos Mesa, el mismo  que luego fue derogado por otro de Rodríguez Veltze, sino por una resolución de la Superintendencia de Minas, de noviembre de 2004, institución responsable de la administración de las concesiones mineras en Bolivia. La Superintendencia de Minas declara, según Sandra Mamani,  ilegales las concesiones por los vicios legales que existían desde su origen. Es decir, se declara la ilegalidad de las concesiones no por el tema medioambiental o laboral, sino por la violación de normas administrativas de cómo fueron otorgadas esas concesiones.  

 La mala defensa del Estado boliviano ante la demanda de esta empresa trucha está sentando un mal precedente, pues se prendió la luz verde para que otras empresas similares vean a Bolivia como un lugar donde puedes multiplicar tu capital por cinco en muy poco tiempo.

Mi pregunta es:  si el Estado boliviano no es capaz de defenderse de una empresa trucha e incluso se deja espiar por ésta, ¿qué podemos esperar en otros conflictos con otros Estados o empresas sólidamente estructuradas?

 
Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales.

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