Atando cabos

Jubilación obligatoria: un salto al olvido

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martes, 29 de enero de 2019 · 00:11

El Presidente del Estado anunció en su discurso que se obligará a los trabajadores a jubilarse  para disminuir la tasa de desempleo. Esto nos amerita algunas reflexiones.

La jubilación es un derecho para los asalariados y para los consultores, éstos últimos porque están compelidos a depositar en las AFP, ahora en Gestora, el 11,71% del importe de su consultoría; de lo contrario, no pueden  cobrar sus honorarios. Pero no todos los trabajadores pueden acceder al derecho de la jubilación. La Constitución Política dispone que el Estado debe garantizar el derecho a la jubilación con carácter universal, solidario y equitativo. No señala que el derecho debe ser usufructuado obligatoriamente a determinada edad;  tampoco que  es patrimonio sólo de un grupo de trabajadores.

Aproximadamente, el 23% de la población activa (1.553.081 personas) goza de ese derecho, que llega a los trabajadores asalariados vinculados al Estado y a las grandes y  medianas empresas y a los trabajadores de algunas empresas pequeñas. El resto (5.199.446 personas) no puede acceder a este derecho debido a que no tiene una relación de trabajo en el marco de la Ley del Trabajo o del Estatuto del Funcionario Público. Es decir, que el mandato de la Constitución no se cumple para casi el 80% de los trabajadores. Por lo tanto, así como está,  la jubilación no es universal y está lejos de ser equitativa.

Los trabajadores reaccionaron con mucha preocupación ante este anuncio. Sienten que les llegó la mala hora pues, según algunos cálculos, al jubilarse el trabajador pierde entre el 40 y 60% de sus ingresos. 

La tasa de desempleo aludida por el Presidente es de 4,27%, no es un desempleo estructural, sino –me parece– que corresponde al desempleo friccional o estacional. Esta tasa de desocupación es lo más cercano a una situación de pleno empleo, por ello parece que el objetivo de la jubilación obligatoria es otro. Un dirigente sindical entrevistado en un medio de comunicación señaló que obligar a la jubilación para disminuir el desempleo es una verdadera canallada.

En algunas empresas proponen o invitan a los trabajadores en edad de jubilación a que lo hagan con el objetivo de bajar los costos laborales generados por el Bono de Antigüedad. Este costo bajaría con el  ingreso de personal nuevo. Creo que esto es lo que busca el Estado. Hay que recordar que hace un poco más de una semana llegó una marcha de desocupados de Huanuni a La Paz, pidiendo fuentes de trabajo en la empresa minera estatal de ese centro minero. Quizá con el anuncio buscan contentar a los marchistas y/o bajar el costo de producción alto de la empresa minera. Esta hipótesis no suena descabellada.

Yo estoy de acuerdo con la jubilación obligada a determinada edad. Así proceden por ejemplo en algunas agencias de cooperación internacional y en algunos países. Sin embargo, considero que no se puede tratar este tema alegremente porque nos llevaría a una actitud irresponsable, no sólo por la caída del ingreso de las personas, sino porque se estaría realizando –como dice Alberto Bonadona– una eutanasia.

No puedes condenar a una persona de 60 años a vivir encerrado en su vivienda con una renta baja que no le alcanza ni para ir a tomar un helado a un parque, sobre todo ahora que la esperanza de vida se amplió. En los países en los que hay jubilación obligada, los rentistas tienen programas especiales: controlan el tránsito en las inmediaciones de las escuelas, cuidando a los niños y tienen programa de vacaciones y visitas turísticas. También se puede utilizar la experiencia de estas personas como asesores voluntarios. 

Pero para ello se requiere mejorar los ingresos de estas personas y para que ello ocurra se requiere cambiar la Ley 065 por una que fomente la jubilación, y no como la actual, la cual hace que el trabajador se atornille en su puesto de trabajo.

Por último, el Gobierno afirma que consultará con las organizaciones de rentistas. Los jubilados pueden comentar las penurias que atraviesan con sus rentas bajas, pero los que sí deben opinar son los trabajadores activos. Pero éstos estarían representados por la Central Obrera Boliviana, la misma que ya no goza de la confianza de sus bases. Por ahora, la jubilación obligada es un salto al olvido de las personas.

 

Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales.
 

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