Rodolfo Eróstegui T.

Mype, década perdida

martes, 09 de julio de 2019 · 00:12

No sugiero que los bolivianos padezcamos hipermnesia (exceso de recuerdos) o ser como el personaje Funes, el memorioso del cuento de José Luis Borges, pero creo que por lo menos deberíamos ser capaces de recordar la historia reciente que vivimos.

La memoria del boliviano es selectiva. Recuerda con mucha insistencia los sucesos en Catavi, del año de 1942, cuando bajo la presidencia del general Enrique Peñaranda, el 21 de diciembre, se produjo la masacre de trabajadores: murieron aproximadamente 20 y resultaron heridos más de 50 personas. También recordamos las muertes en la ciudad de El Alto, el año 2003, durante la denominada Guerra del Gas, en la que fallecieron aproximadamente 65 personas; pero nos olvidamos de otras cosas que no tienen difuntos, pero sí nos afectaron enormemente.

El 15 de diciembre del año 2008 perdimos, por razones de mal manejo político por parte de Bolivia, el beneficio que teníamos por la Ley denominada  en inglés Andean Trade Preference  Act (ATPA), en español, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Los objetivos que buscaba esta ley norteamericana eran básicamente  estimular y crear alternativas de empleo para sustituir, de esta forma,  la producción y tráfico ilícito de drogas. Este objetivo se lograría  mediante la diversificación y aumento del comercio entre los países andino con los Estados Unidos de Norteamérica.

Ahora bien, ¿de qué nos olvidamos los bolivianos? Partiremos haciendo un balance muy somero de lo que provocó el Atpdea en Bolivia y, en particular, en la ciudad de El Alto. Primero diríamos que existió un efecto positivo en las exportaciones bolivianas. En 1986 las exportaciones no tradicionales de Bolivia hacia Estados Unidos llegaron apenas  a 12 millones de dólares. A diciembre de 2001 el país exportó 316 productos, por un valor de 114 millones de dólares, sobre un total de 333 ítems y 158 millones en ventas globales. 

El año 2006 se registró la exportación de 441 productos no tradicionales, por un valor de 193 millones de dólares. El total de exportaciones de ese año ascendió a 463 ítems y ventas por 360 millones de dólares. La cantidad de productos no tradicionales exportados a Estados Unidos vía Atpdea en 2007 alcanzó a 418 ítems, por un valor de 183 millones de dólares (sobre un total de 440 ítems y 430 millones en ventas globales). 

En la gestión 2008, Estados Unidos compró 428 productos, por casi 479 millones de dólares, casi el 7% del total de exportaciones bolivianas. Entre octubre de 2003 a junio de 2005, los exportadores, medianos y pequeños de El Alto, quienes, según la Cámara de Industria y Comercio llegaban 5.045,  generan ventas anuales que alcanzaron a 250 millones de dólares.

Al año siguiente, a la pérdida del Atpdea, las exportaciones llegaron a 23 millones. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior identifica las siguientes consecuencias debidas a la pérdida del beneficio: a) cierre de pequeños talleres de confección; b) migración de microempresarios al Perú y c) la caída del empleo en el sector manufacturero. Se debe aclarar que estos talleres eran formales, en otras palabras cumplían los requisitos exigidos por el Estado boliviano para funcionar y también estaban conforme a las exigencias del mercado norteamericano.

Para recuperar la memoria y hacernos justicia creo que sería fundamental que este tema se debe incluir en el debate electoral. Poner en la agenda las consecuencias, por un lado, de la pérdida de las exportaciones con valor agregado por errores políticos del gobierno o por ideologizar las relaciones con los países con los cuales tenemos relaciones económicas y, por otro, el qué hacer para reponer los empleos perdidos por el mal manejo de las relaciones exteriores debido a la protección que se brinda a la producción de coca en el Chapare.

En el pasado, las pocas empresas industriales que existían eran grandes y cada una empleaba a miles de trabajadores (Forno, Soligno, Saíd, etcétera), pero ahora el perfil industrial del país son esas pequeñas empresas que cuentan con 15 o 20 trabajadores. Esas empresas y esos trabajadores son los que más sufren de una política injusta, pues les pide crear empleo, ser competitivas y de alta productividad, y lo único que ha hecho es quitarles mercado y aprobar legislaciones, ya sea  laboral o impositiva, que no les permite subsistir y mucho menos desarrollarse.

Recuperemos nuestra memoria de lo que se estaba construyendo y comencemos a avanzar hacia un país productivo.

 

Rodolfo Eróstegui T. es experto en temas laborales. 
 

 

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