Rodolfo Eróstegui T.

Empleo, entre lo constitucional y la ilegalidad

martes, 03 de septiembre de 2019 · 01:05

En toda época es pertinente hablar del empleo y/o desempleo. Sin empleo, la gente vive frustración, desaliento y, además, cuando el desempleo es alto se dice que expresa la verdadera temperatura de la economía. Pero sin lugar a dudas en el año electoral se hace más atractivo discutir sobre este tema. En alguna oportunidad uno de los candidatos se atrevió a ponerle número a los empleos que se crearían si él fuera elegido. No faltó otro que duplicó la cifra.

En estas elecciones los contenidos de los programas no están siendo objeto de debate. La actual contienda electoral se centra en si gana el candidato ilegal representado por Evo o si gana la democracia representada por Mesa. Pero creo que nunca está de más comentar el problema del empleo que tendrá que enfrentar el gobierno desde enero próximo, dado que, si estamos empleados, conseguimos los productos, servicios, etc. necesarios para vivir.

La Constitución Política del Estado (CPE) dispone que todos los bolivianos tienen derecho a un trabajo digno con seguridad industrial, sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio que asegure para sí y su familia una existencia digna. Toda persona debe tener una fuente laboral estable. Si bien no lo dice,  se sobreentiende que los empleos dignos deben contar con seguridad social de corto y largo plazo.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el desempleo es muy bajo (4,27%), pero se tiene que aclarar que más del 80% de la población ocupada trabaja en condiciones anticonstitucionales porque no tienen ni seguridad industrial, ni salario o remuneración justa o equitativa, de tal forma que para muchos trabajadores o trabajadoras no les alcanza la remuneración ni para mantenerse a sí mismos y mucho menos a toda una  familia. Los especialistas del tema laboral decimos que la mayoría de los bolivianos tienen un empleo precario. Sólo entre el 20 a 23% tienen un empleo constitucional. Aproximadamente el 50% de todos los trabajadores realiza actividades ilegales, no delincuenciales (venden productos en la calle sin contar con el permiso municipal), o sus talleres o factorías no cuentan con los permisos estatales para realizarlos. Por lo tanto no se encuentran en los marcos de la normativa que regula sus actividades y mucho menos enmarcadas en la Ley General del Trabajo (LGT).

Los varios programas del Ministerio de Trabajo y ahora del Ministerio de planificación destinados al apoyo de los jóvenes a conseguir un empleo digno, han promovido una caída de la media salarial al primer ingreso laboral en el sector formal, dado que estos programas se caracterizan porque el empresario recibe gratis hasta tres trabajadores profesionales (universitario o técnico), dado que el ministerio le paga al trabajador el salario mínimo. De esta manera, y prestándome el ejemplo de Carlos Mesa, una empresa recibe gratis un ingeniero de sistemas recién graduado y el Ministerio le paga al trabajador el salario mínimo. En otras palabras el salario del primer ingreso de un profesional al mercado de trabajo es el salario mínimo nacional. Esta política ha provocado el efecto imitación, porque los empleadores, sin necesidad de recurrir al Ministerio de Trabajo, ofrecen a los profesionales que buscan un trabajo, sigo prestándome el ejemplo de Mesa,  el salario mínimo. Sobre la base de esta política presentamos ahora uno de los muchos ejemplos que los jóvenes profesionales viven cada día: En una empresa se contrató un ingeniero químico por el salario mínimo, pero la productividad de la empresa está basada por la actividad que realiza el ingeniero, entonces a él no le pagan el salario justo. Por lo tanto, tampoco este empleo, que se supone digno porque cuenta con seguridad industrial, seguro de corto y largo plazo, es constitucional. 

Todo lo que se ha hecho en materia de protección laboral ha sido una especie de refuerzo de la vacuna que se aplica a los niños, pues los destinatarios eran y son los trabajadores que tienen trabajo en los marcos de la Constitución y nada para aquellos trabajadores que se encuentran en el purgatorio y con altas posibilidades de pasar al infierno.

Algunas de las tareas del nuevo gobierno emergen de esas realidades. Transformar el empleo precario en digno y garantizar un ingreso también digno de los jóvenes al mercado de trabajo. Tarea nada difícil.

 

Rodolfo Eróstegui es especialista en temas laborales.

 

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