En riesgo de extinción

Pérdida de control

martes, 2 de febrero de 2016 · 00:00
El problema se mide en términos de la distancia entre 2,5 a 182 millones de dólares o, si se prefiere nuestra moneda, entre los 17 a los 1.300 millones, de los que se habla cuando se trata de cuantificar el daño causado por el mal uso de los recursos manejados en el Fondo campesino (Fondioc).

En el extremo más alto se encuentran las cifras proporcionadas por las denuncias documentadas por el diputado Rafael Quispe. En un rango intermedio, las del último director ejecutivo del Fondo, Marco Aramayo, quien alude a cientos de millones de bolivianos desembolsados. En el límite inferior está la cifra que certifica y avala el presidente Morales Ayma, quien habla de un daño que no llegaría ni a los tres millones de dólares.

La palabra oficial de organismos directamente relacionados con las investigaciones, realizadas hasta ahora, se encuentra en los informes de la Contraloría, en los que se mencionan 71 millones de bolivianos (unos 10 millones de dólares) de posible daño económico, el de la interventora Fuentes, que detecta que unos 104 millones de bolivianos (casi 15 millones de dólares) por proyectos no ejecutados ("fantasmas”) o no terminados, o con respaldo documental insuficiente.

El caso es que el Presidente, el Vicepresidente y algunos ministros, como el de la Presidencia o el de Defensa, no revelan de dónde provienen los números que utilizan.  Además, el Presidente ha dicho que da por cerrado el caso, que estaría en manos de la justicia. Si el caso estuviese cerrado para el Ejecutivo, ¿por qué y para qué proporciona unos números sin respaldo, prueba o evidencia?

Los números de la "microcorrupción” de los dos millones y medio, máximo, de los que hablan el Presidente, su Vice y ministros ¿se basan en una investigación propia del Gobierno, al margen de lo que hace el Órgano Judicial?

Al ritmo en que se desenvuelve la investigación judicial, tardaremos años en empezar a conocer los montos defraudados, malversados o desfalcados, con lo que muchas personas, incluyendo dirigentes altos, medios y posiblemente comunarios de base, sufrirán sospechas, interrogatorios y demoras, de los que por ahora sólo se libran la ministra que presidió el Fondo, el de Economía, que transfirió los recursos, y los representantes de otros ministerios que eran parte del directorio.

Si los representantes del Ejecutivo realmente saben y están convencidos que sólo fueron dos y medio millones ¿por qué no comparten las fuentes, pruebas y evidencia de su conocimiento con los jueces, fiscales y todo el público? El cumplimiento de la ley, así como la necesidad de ahorrar el sufrimiento a tantos inocentes, los obliga a dar explicaciones. ¿No se exponen, el Presidente, el Vice y los ministros que saben, o dicen saber, a obstruir la investigación por ocultar u omitir información fundamental?

¿Saben o no saben? Si no saben ¿por qué dan cifras que no conocen? ¿Por qué los jueces y fiscales encargados del caso no los convocan para que aclaren y den testimonio de dónde obtienen "su” información? para que se establezca si hablar de cifras finales ("el caso está cerrado”) entraña responsabilidad, mal manejo o tráfico de poder e influencias.

El ejercicio del poder entraña responsabilidad y las afirmaciones públicas de las principales autoridades del Ejecutivo, que constituyen una manifestación básica de ejercicio del poder público, entrañan responsabilidad total. Cuando los principales mandatarios y colaboradores directos fijan una cifra que desmiente y desbarata las estimaciones oficiales de las autoridades, que han revisado documentación y visitado los lugares donde debían haberse ejecutado los proyectos, ejecutan una acción que debe tener consecuencias.

Tal como están las cosas, sus afirmaciones revelan una pérdida real y efectiva de control, porque si ellos conocen más que los encargados por ley, existe una alteración profunda de los mecanismos de funcionamiento estatal. Lo mismo si no conocen y sólo tratan de influir sobre los resultados de una investigación en curso o alterar las percepciones públicas sobre los alcances de la corrupción y el mal uso de los recursos de todos. Así es, lo sepan o lo ignoren, lo quieran o lo rechacen con todas sus ganas y sus deseos.

Roger Cortez Hurtado es investigador y director del Instituto Alternativo.

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