En riesgo de extinción

La triste simplicidad de aviones, deudas y recompensas

martes, 29 de marzo de 2016 · 00:00
La columna titulada "Los aviones y el poder”, publicada por el cochabambino Los Tiempos, el pasado 15 de marzo, compara  los 200 mil dólares que se vio obligado a devolver el gobierno del MNR por la contratación defectuosa de una aeronave, con el millón y fracción que costó la cárcel a un ministro del Gobierno de Banzer por la compra de un avión, frente a los 35 millones que ha costado el jet del presidente Morales y los 100 millones de la misma moneda a los que, según el cálculo de la autora, ascendería el costo de los viajes realizados por el primer funcionario durante una década. 

El artículo ha cosechado una gran difusión en algunas redes sociales digitales gracias a la simplicidad de su planteamiento, que demostraría la absoluta preeminencia en materia de corrupción que caracteriza al actual Gobierno, cuando se comparan las cifras del daño económico que destaca. 
 
Aunque el público es indudablemente afín a la simplicidad cuando se trata de consumir noticias y opiniones, la realidad tiende a ser más amplia y compleja, como puede probarse si hablamos de daño económico cuando se recuerda que la valoración que se otorgó a YPFB para capitalizarla alcanzó a 1.600 millones de dólares,  apenas una fracción de las utilidades que cosecha la petrolera, inclusive en años de precios bajos. Esto, para no mencionar que, independientemente de la magnitud del daño, éstos deben juzgarse y pagarse sin transigir con la noción de que el cumplimiento de realizaciones daría derecho a los funcionarios de que se autorecompensen, sin responsabilidad ni pena.
 
Si lo "sencillo” puede costar caro en el momento de entender la economía de un país, cuesta mucho más cuando domina el razonamiento de quienes ostentan el poder político, ya que los induce a creer que el bien de una medida gubernamental para la sociedad engrosa el activo de discrecionalidad e inmunidad de los gobernantes que asumieron esa decisión.
 
De acuerdo a este cálculo, la ciudadanía de nuestro país debería -tanto al equipo gubernamental y muy especialmente a su jefe- por los ahorros y beneficios de la nacionalización de los hidrocarburos, la asignación de bonos y rentas o la legislación contra el racismo y la discriminación, que hemos perdido el derecho de pedir rendición de cuentas y determinación de responsabilidades, aún cuando existan vehementes indicios de que se ha incurrido en defraudación, malversación y desvío de recursos, así como en todo tipo de abuso de poder.
 
Cuando la mitad de los ministros nos amonestan, reclamando que estamos obligados a creer, sin rechistar, lo que dice el Presidente y que constituye una "ingratitud de las ciudades” poner en duda la manera en cómo se han manejado las grandes contrataciones directas, o cuando se ametralla con adjetivos a quienes exigimos explicaciones por "hacer juego a la derecha”, estamos diametralmente confrontados con la sencillez con que el poder se justifica, explica, legitima y busca reproducirse.
 
Ciertamente hay diferentes maneras con que unos equipos reclaman las deudas y gratitud que se les debería, ya que no en todas las administraciones se usa el conjunto del aparato estatal, incluyendo ministerios, altas magistraturas y máximas gerencias de entidades públicas para certificar la piedad y bondad de las acciones y palabras de su máximo representante, sea en el ámbito público o en el más recóndito de su intimidad. 
 
Pero cualquiera que sea el estilo, desde el más recatado al más abyecto y servil con que se propaga tal discurso, tiene que ser rechazado, como elemental acto de autodefensa social y, aún más, cuando se trata de una sociedad marcada históricamente por la búsqueda de la libertad como ruta a su autogobierno. 
 
La aparente simplicidad con que piensan y tratan de persuadir quienes gobiernan nos reta a sobreponernos a frases hechas y muletillas, en circunstancias en las que casi todos los gobiernos del continente, arropados por un origen e identidad nacional popular, han defraudado sus credenciales y han vuelto a probar que no existe declaración de fe o de ideología que inmunice contra los más constantes vicios del ejercicio del poder.

Roger Cortez Hurtado es investigador y director del Instituto Alternativo.

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