En riesgo de extinción

Ministerio del oprobio

martes, 25 de septiembre de 2018 · 00:12

Si hay algo que no puede esconderse, como resultado de la develación de la tortuosa serie de acontecimientos que han llevado al encarcelamiento de un inocente por más de cuatro años, es la responsabilidad central del Órgano Ejecutivo, escondida hasta ahora detrás de la actuación de jueces y fiscales que, al igual que en una considerable proporción de casos que pasan por sus manos, actúan como simples instrumentos del poder político.

Las revelaciones de la jueza que conformó el tribunal encargado de sentenciar a un médico, bajo la terminante instrucción del máximo representante del Ministerio Público de que “tenía que encontrarse un culpable”, ponen de manifiesto que la responsabilidad se extiende al Ministerio de Justicia y Transparencia, como parte de los promotores y ejecutores de un conjunto de acciones dirigidas a endosar las responsabilidades a los eslabones más débiles de la cadena; es decir, a funcionarios del hogar de acogida del bebé, cuya muerte gatilló la cadena de sucesos que acaparan la atención pública estos días.

Los testimonios de policías y otros funcionarios que participaron del proceso refuerzan esta apreciación. La lista de una docena de componentes y allegados del Gobierno que conocieron el caso y tuvieron en su poder la suficiente información para demandar la rectificación de procedimientos, no deja dudas de que la responsabilidad de la emisión de la sentencia y el acallamiento de pruebas, y testimonios, que debieron poner freno a la miserable maquinaria que secuestró la libertad del médico y otras víctimas inocentes, abarca a buena parte de la maquinaria estatal, que prefirió callar antes que poner de manifiesto a colegas, amigos y camaradas de partido.

De esta amplia franja de comprometidos sobresale el poderoso Ministerio de Justicia, porque por definición y encargo institucional expresó debe estar al tanto y escrutar el funcionamiento de la administración de justicia. Los deshilvanados comentarios de su máximo titular, acompañados de una completa falta de acción, ahora que se conoce la sórdida trama del caso del bebé, son propios de una conciencia culpable, empeñada quizás en calcular cómo aminorará los costos de la contundente intervención de al menos uno de sus asesores legales.

El hecho de que estas páginas se publiquen varios días después de que la noticia de la falsedad intrínseca de la sentencia, sin que se haya adoptado una sola medida para aliviar la injusta detención de los condenados y que toda la atención de fiscales y jueces se haya volcado a identificar a la persona que facilitó la grabación inculpatoria, es una pesada prueba de que la vileza que caracteriza a los órganos administradores de justicia impregna al Ejecutivo y el Legislativo, beneficiarios directos de una situación que les permite mover como fichas a los jueces de mínima instancia, tanto como a los altos magistrados, cuya elección ellos digitan con la manipulación con que se selecciona a los candidatos.

Es el control de estos mecanismos que permite que un tribunal encargado de la jurisdicción constitucional agreda abiertamente la Constitución, bajo la instigación de la bancada oficialista y con el aplauso del Ejecutivo, a la cabeza, esta vez, del ministro encargado de la justicia y la transparencia. O que los máximos magistrados cierren paso a todos los recursos contra los abusos cometidos contra personas, instituciones, el medioambiente o los derechos ciudadanos.

En este momento no tenemos siquiera la seguridad de que la injusticia puesta al descubierto –y que seguramente se replica decenas, centenas o tal vez miles de veces en nuestras horrendas cárceles- será enmendada o volverá a escurrirse o escamotearse para encubrir complicidades.

La libertad de los inocentes y el resarcimiento de los daños es inexcusable. Dentro de los últimos y con fines estrictamente didácticos cabe incluir, en legislación por plantearse y aprobarse, que todos los poderosos que callaron y facilitaron el crimen contra los falsos acusados purguen una pena similar a la que indujeron o permitieron contra las víctimas.

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.

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