Roger Cortez Hurtado

El agua, invisible para la política

martes, 02 de julio de 2019 · 00:12

Ninguno de los importantes, de los intocables, ni el jefe de jefes, el ministro del área, o el que preside las cámaras como ente fiscalizador, ni sus secretarios, voceros o representantes han dicho una sola palabra sobre el envenenamiento de fuentes de agua de la sede de gobierno y, menos, del enseñoreamiento de depredadoras barcazas extranjeras en el corazón de nuestros ríos y del territorio nacional.

Nada, ninguna explicación, ningún comentario, ni siquiera una pregunta.

La situación recuerda en algo el estólido silencio e inacción que paralizaron a los gobernantes durante los primeros días de la crisis del agua que vivió La Paz, junto al menos a otras tres capitales de departamento, hace tres años. Fue necesario que, en ese momento, ascendiera el volumen del ronco rumor de molestia y desesperación que surgía en las colas de reparto de las cisternas, para que la negligencia y el olvido de años se transformaran súbitamente en diligencia, agitación burocrática, órdenes apresuradas e inicio de truncados sumarios. 

Cuando no es la sed la que dispara la reacción pública y ésta se mueve desconcertada y dubitativa ante análisis laboratoriales que informan de niveles intolerables de metales pesados, circulando a través de las cañerías de distribución urbana del agua, debido a la contaminación de represas por desechos minerales, los responsables sumergidos íntegramente  en el tráfago electoral no se sienten aludidos.

Usualmente el destinatario del reclamo sería el municipio, responsable legal de lo referido al acopio y redes de distribución de agua, pero el gobierno central impide que las alcaldías de El Alto y La Paz asuman esa competencia, que retiene férreamente por medio de una inacabable intervención.

Sin embargo, el hecho de que el Ejecutivo se niegue a cumplir la ley no exime al municipio paceño de actuar para ratificar, corregir o descartar, con información propia, las noticias sobre los niveles inaceptables de arsénico y otros metales pesados que se han vuelto a reportar por expertos en las últimas dos semanas.

El ministerio del Agua y el Medio Ambiente, cuya presencia se materializó finalmente cuando entró hace algunas semanas a desplegar una ruidosa batalla con sus rivales políticos del municipio, ha desaparecido nuevamente, aturdido quizás por su impotencia e inoperancia ante los grandes y permanentes atentados contra el bien que debe custodiar, o asfixiado quizás por el calentamiento que emana de la filosofía de desarrollo que alientan sus superiores y su partido. 

A los informes reiterados por años de la continua filtración de los desmontes y otros desechos heredados de la mina Milluni, se agregan las denuncias de nuevas, y agresivas fuentes de contaminación metálica por la proliferación de prospecciones y explotaciones, atribuidas a empresas extranjeras, cuya existencia el gobierno ha negado lacónica y despectivamente hace unos meses.

El panorama es prácticamente idéntico ante la intervención a la que se han sentido obligados representantes civiles de Rurrenabaque, frente a la presencia de una draga, presuntamente colombiana, que desarrollaba sus actividades en la región. La barcaza que le sirve de plataforma a esa excavadora vendría a ser parte de una flotilla de varias naves y enclaves terrestres donde ciudadanos foráneos, que dicen escudarse tras convenios con cooperativistas locales, emponzoñan con mercurio y otros peligrosos tóxicos las aguas de las cuencas del río Beni y Madre de Dios.

Los reportes y denuncias son públicas, y sólo cosechan omisión y silencio oficiales, no obstante que la compacta decisión de no legalizar ni aceptar acuerdos entre cooperativas y empresas privadas, extranjeras o nacionales, fue presentada como el detonante del sangriento enfrentamiento que terminó con el asesinato del viceministro del Interior en agosto de 2016.

La indiferencia oficial armoniza perfectamente con la de una oposición partidista que no asume que la defensa del medioambiente, de las fuentes de agua, de su calidad y de su consumo son cuestiones clave para desnudar la verdadera naturaleza destructiva del régimen, y de su incapacidad para atender las necesidades más premiosas de la sociedad y de adoptar, en consecuencia, un nuevo modelo de desarrollo basado justamente sobre esas premisas.

 

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.

 

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