Roger Cortez

Tráfico mortal y colonización

martes, 27 de abril de 2021 · 05:12

La acusación de proteger o participar del tráfico de cocaína ha sido una de las armas arrojadizas preferidas en las disputas partidistas bolivianas, especialmente contra el régimen del MAS, dada su cuna y proximidad con los dirigentes cocaleros del Chapare. También ha sido una de las más inútiles e impotentes cuando se ve la historia electoral nacional de este siglo.

El arresto del segundo ministro de tierras del actual gobierno, acusado de pedir y aceptar los primeros 20.000 dólares de un soborno de medio millón de la moneda extranjera, nos golpea con inusitada fuerza en el rostro al demostrarnos, por enésima vez, que el verdadero gran tráfico y negocio del régimen es el de la tierra.

El enardecimiento que ha producido la detención del ministro y su diligente viceministro, en las filas del evismo, como en la de algunos de sus competidores internos y en la dirigencia de la organización social de la que procede el expresidente, permite descubrir la brutal y mortal magnitud del tráfico de tierras en Bolivia.

Los colonizadores, colectivo social compuesto originalmente por el amplio sector de campesinos pobres obligados a migrar en busca de mejores tierras y posibilidades de sobrevivencia, fue desde los años 50 del siglo pasado el sujeto que extendió los límites del mercado interno, abrió senda a la presencia estatal y consolidó de esta manera la soberanía del país.

Equívocamente se les expropió y cambió el nombre e identidad por el insípido y traicionero denominativo de “interculturales”. Este cambio ocurrió al mismo tiempo que la dirección sindical del sector, íntimamente vinculada a los cocaleros y medianos y pequeños soyeros de Santa Cruz, desarrollaba crecientes vínculos con la toma de tierras. 

Al principio se trataba de algunas grandes propiedades privadas, generalmente mal habidas, bajo influencia de dictaduras militares, pero a partir de la segunda presidencia de Morales, con el auspicio del ministerio de Tierras y de INRA, la actividad se ha ido enfocando en el saqueo y expropiación de tierras fiscales, reservas y parques naturales y territorios indígenas, como lo han denunciado reiteradamente investigaciones de la Fundación Tierra y otras.

Con el pretexto de ampliar frontera agrícola para aumentar la producción de alimentos se trasladan familias que extraen ilegalmente recursos maderables, especies animales y, finalmente, incendian y arrasan el bosque, porque el gran y verdadero negocio es ampliar el mercado de tierras que termina vendiéndose a empresarios extranjeros.

No se trata, como afirma el casi eterno ministro Juan Quintana, a tiempo de señalar que sobornos ministeriales son irrelevantes,  de un negocio de medio siglo de duración, sino de los últimos años, en los que el cultivo internacional de oleaginosas ha hecho que inversores extranjeros busquen tierras bolivianas copadas inicialmente por grupos de colonizadores, quienes venden sus “conquistas” a empresarios que tienen los contactos y relaciones necesarias para comercializarlas a escala internacional.

El cultivo de soya y de otras especies para “biocombustibles” usando semillas transgénicas no tiene sustento y destino económico en nuestro país, si no es con el enorme subsidio que obtiene del tráfico de tierras, porque los grandes productores vecinos usan las mismas técnicas -más baratas y accesibles en sus países- y tienen la ventaja de estar al lado de puertos que están alejados de nosotros por miles de kilómetros.

Los productores internacionales pueden darse el lujo de producir en Bolivia porque esos lotes más caros se diluyen en sus costos, al mismo tiempo que les dan la ventaja de aumentar su potencia en cantidad de oferta.

De allí que la alianza económica entre colonizadores -base fuerte del masismo- y agroempresarios es tan poderosa e íntima, pese a las contradicciones entre el MAS y las expresiones políticas de esas élites económicas. De allí también que la abrogación de decretos pro transgénicos, e indirectamente de agrotóxicos signifique muy poco, ya que el actual gobierno se ha comprometido a sustituir los decretos por leyes.

El tráfico de tierras que hoy arrasa e incendia hace arder también nuestro futuro colectivo, porque los bosques y territorios avasallados son el verdadero recurso estratégico común y la base de una nueva economía y nuestra propia vida.

 

Roger Cortez es director del Instituto Alternativo.
 

 

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