Instituciones mantienen hermetismo sobre acciones de lucha al contrabando

El Ministerio de Defensa no atendió los requerimientos sobre el tema formulados desde 2019. El Comando de la Policía no autorizó entrevistas y otros funcionarios pidieron no ser nombrados.
jueves, 3 de septiembre de 2020 · 00:04

Página Siete  / La Paz

Instituciones públicas mantienen hermetismo en torno al tema del contrabando. Para realizar este reportaje, Página Siete recurrió a  fuentes oficiales  como el Ministerio de Defensa, el Viceministerio del área, el Comando General y Departamental de la Policía y la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pero sus titulares se negaron a  dar entrevistas. En  dos casos tampoco respondieron a los cuestionarios solicitados por los responsables de comunicación.

Otras fuentes consultadas fueron la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Fiscalía y el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Sin embargo, aunque hubo respuestas de los funcionarios, y en algunos casos hasta proporcionaron documentación, luego del cambio de Gobierno en noviembre de 2019, varios pidieron no ser citados por temor a la persecución política.

Militar  boliviano cerca del paso fronterizo con Chile.
Foto: APG

Ministerio de Defensa

“Me comprometo a ordenar ahora mismo que se responda lo antes posible”, fue el compromiso del ministro de Defensa Fernando López, en junio de este año, cuando Página Siete le informó que desde 2019 la responsable de comunicación Claudia Bayá  no daba respuesta a los pedidos de información y entrevistas con el nuevo viceministro de Lucha Contra el Contrabando  Raúl Hurtado.

En esa oportunidad, López solicitó que se vuelva a insistir con Bayá para concretar la entrevista y obtener respuestas al cuestionario que la comunicadora solicitó. Sin embargo, pese al compromiso   de la funcionaria de mandar las respuestas a las inquietudes de este medio,  nunca lo hizo.

Durante los varios meses en que se solicitó una entrevista con el actual viceministro de Lucha contra el Contrabando, esta no se concretó  con el argumento de que  la autoridad estaba de viaje o en reuniones. Los responsables del Comando Estratégico Operacional en Oruro también se excusaron de responder a las consultas.

 Decomiso de combustible que era llevado a Perú.
Foto:  Archivo

Autorizaciones de la Policía

En el caso de la Policía, Página Siete buscó  entrevistas con distintos jefes  de Oruro, pero   todos precisaron que necesitan la autorización del comandante general Rodolfo Montero.

 Desde la Dirección de Comunicación de la Policía, en La Paz, los responsables afirmaron que no se  podía atender el pedido debido a la apretada  agenda de Montero. Sugirieron  “buscar nomás en otra parte” las respuestas sobre las acciones de  la institución en  la lucha al contrabando y sobre los procesos penales por corrupción abiertos contra  uniformados.

Silencio en la justicia

La investigación desveló la influencia política que prima en  las investigaciones y sanciones a los contrabandistas en la justicia. Luego del cambio de Gobierno,  varias autoridades de la Fiscalía y tribunales  que habían dado  entrevistas a este medio solicitaron no ser citados y pidieron suprimir los  nombres de varios procesados.

“Pido que comprenda, por favor. Creímos que este Gobierno cambiaría al Fiscal General y a los  jueces, pero no fue así y (funcionarios del Ministerio Público, la Policía y del Órgano Judicial que fueron denunciados) siguen en sus cargos y algunos incluso han sido ascendidos. No me nombre, por favor”, fue el pedido de una autoridad judicial.

Investigadores de la Policía también hicieron notar que, según los indicios,  hay funcionarios de instituciones como la Aduana o la ANH  que están comprometidos con la corrupción del contrabando.

Edificio del Ministerio  de Defensa  en La Paz.
Foto:Ministerio de Defensa

 En el caso de la Aduana, la Unidad de Comunicación tampoco atendió los pedidos de entrevistas a los directivos. Tampoco   respondió al cuestionario enviado por Página Siete.

Por su parte,  la ANH respondió a las solicitudes de información con un texto con datos generales sobre el manejo técnico del control de venta  de combustible en Oruro y  sobre su  reventa ilegal. No obstante, no entendió a consultas puntuales  y sus directivos no concedieron entrevistas sobre las acciones de lucha al contrabando.

 

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