Militares luchan en la frontera contra loros, miguelotes y clanes de uniforme

jueves, 3 de septiembre de 2020 · 00:04

Carlos Quisbert / La Paz

Para detener a los contrabandistas en la frontera con Chile, los militares bolivianos primero deben evitar ser descubiertos por los “loros”, que son miembros de un  “grupo de contrainteligencia criollo”. Apostados a lo largo de la ruta que siguen los vehículos con mercadería ilegal, “los loros”  alertan a los choferes sobre la presencia de efectivos para que esquiven los operativos.

Luego, cuando los efectivos de las FFAA persiguen a los contrabandistas,  deben evadir disparos, bombas molotov y “miguelotes” -fierros afilados- que arrojan los ilegales para averiar los neumáticos de las patrullas.

Además en una lucha interna igual de riesgosa, antes y después de cada operativo, los miembros del Comando Estratégico Operacional (CEO) de las Fuerzas Armadas  deben enfrentar a clanes de malos policías, funcionarios aduaneros o  judiciales corruptos e infiltrados en sus propias filas. Es una guerra de fuego cruzado desde distintos flancos.

Otro problema que afrontan los efectivos de las FFAA que combaten el contrabando es que la ley no se cumple a cabalidad. “En los operativos no participan, como deberían,  los funcionarios de la Aduana Nacional y de las otras instituciones relacionadas. Entonces, el militar afronta solo la lucha contra el contrabando”, sostuvo Gonzalo Rodríguez, quien fue el primer directivo del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando.

“Loros” de contrainteligencia

“Los loros son estibadores, gente que carga a los camiones la mercadería ilegal que llega desde Chile. En el trayecto (de la frontera hasta  Oruro) se dispersan a lo largo del camino o avanzan en otros vehículos livianos, para alertar si ven una patrulla (…) Llevan largavistas, teléfonos satelitales o radios para comunicación; portan en sus mochilas dinamita, bombas molotov, armamento y miguelitos. Bueno, ahora son miguelotes, fierros de construcción soldados de varios pedazos con puntas afiladas que  arrojan por el camino para que  pinchen los neumáticos de las patrullas de las FFAA”, explicó Rodríguez.

El ahora exviceministro  dio distintas entrevistas antes de  dejar el cargo, en noviembre de 2019, cuando se produjo el cambio de Gobierno tras los conflictos sociales desatados por las denuncias de fraude en los comicios del  20 de octubre.

Rodríguez aseguró que se trata de organizaciones criminales que se valen de grupos de “inteligencia criolla”. Sus miembros  articulan información que dan los vecinos de las poblaciones -que van desde la   frontera con Chile hacia La Paz, Oruro y Potosí- con el fin de evitar que la internación de contrabando sea intervenida por las fuerzas del orden.

“Los loros son jovenzuelos que lastimosamente son captados en sus propias comunidades, los contrabandistas les pagan al contado. Para que hagan guardia les dan bebidas alcohólicas y si hay un enfrentamiento con las patrullas están envalentonados al calor del alcohol”, relató.

Carga de contrabando  intervenida por el CEO en el municipio de Huachacalla, Oruro.
Foto: APG

En una de sus últimas intervenciones ante la prensa como viceministro, Rodríguez informó  que los  loros, además de usar modernos, teléfonos satelitales  se comunican mediante  señales de humo desde los cerros, para alertar a las caravanas de contrabandistas.  “Se valen de todo para cometer los delitos”.

Pero si los contrabandistas tienen recursos, los militares también. El personal de contrainteligencia del Departamento Segundo del Comando de las FFAA realiza labores de infiltración. Se obtiene apoyo de  pobladores y autoridades municipales que cooperan en la lucha contra el contrabando.

Coimas en la frontera

“¿Y no podemos arreglar directamente con usted, coronel? Mire, le doy 15.000 dólares por cada camión”, fue el ofrecimiento que un osado contrabandista le hizo  vía celular, en julio de 2019, al jefe  del CEO regional de Oruro Carlos Arévalo Oblitas. 

“Y ese delincuente ¿cómo tenía el número del coronel?  Se lo dio otro militar o un policía, sólo entre autoridades tenemos los números (de celular)”,  aseguró a Página Siete un exmiembro del Comando de las FFAA. 

Patrulla del CEO dañada por los ataques de contrabandistas en Oruro.
Foto:Ministerio de Defensa

El contrabandista trataba de convencer a Arévalo que permita el ingreso de dos camiones cargados de cigarrillos de contrabando traídos desde Chile a cambio de 30.000 dólares. El jefe militar rechazó el  intento de coima del delincuente e hizo pública la grabación.

Los ofrecimientos de ese tipo no son extraños para los militares, pero ellos aseguran que pocas veces son aceptados por miembros de las FFAA. Afirman que no pasa lo mismo con los policías que  se organizan para dejar pasar la mercadería ilegal por los puestos de control y dan como ejemplo los varios casos de efectivos procesados por corrupción en Oruro y Potosí.


Pueblos enfrentados

El contrabando enfrenta a pobladores de los municipios orureños por donde circulan los camiones con cargas ilegales. En Pisiga, Tambo Quemado, Huachacalla, Eucaliptus, Papel Pampa, Sabaya, Huayllas, La Queca,  Pisiga y el Salar de Coipasa, los delincuentes captan a  comunarios, la mayoría jóvenes. Pero también se chocan con pobladores que luchan contra el ilícito.

“Por un lado están los comunarios que piden y reciben pago de los mismos delincuentes, pero no todos son iguales. La gente del campo denuncia a los contrabandistas porque la tierra que levantan esas caravanas daña sus cultivos, los camiones matan su ganado y los pone en riesgo, porque los loros andan en grupos, borrachos y armados”, explicó el exviceministro.

Gonzalo Rodríguez , en conferencia cuando era  viceministro. 
Foto:Archivo


 
El capital económico que mueven los contrabandistas es millonario y esa es la razón por la cual pagan las grandes cantidades de coimas. Y esos sobornos pueden llegar a decenas de personas, desde comunarios hasta uniformados y operadores de justicia.  

“Por ejemplo, una de las cabecillas de esos clanes, que opera en complicidad de varios funcionarios públicos y con influencia política en (el municipio de) Eucaliptus es Ninfa Calisaya. Ella hacía formar a todos los pobladores y les daba plata para que protejan su carga ilegal. Es una señora de pollera que cuando opera se viste con esos overoles acolchonados y se cuelga un mandil de donde saca los billetes para repartir, dependiendo del número de camiones que hacía pasar, entre 200 y 400 bolivianos a unas 100 o 200 personas”, relató Rodríguez.

Coordinación entre  clanes

 Las FFAA  identificaron que hay niveles de coordinación  entre los clanes familiares. Los grupos de contrabandistas,  identificados por las unidades de Inteligencia, se dividen el territorios por donde circulan y   los destinos de su mercadería ilegal.

 Por La Paz ingresan verduras y alimentos sin registro sanitario provenientes de Perú que usualmente presentan procesos de descomposición acelerados. Además, este departamento  es destino  de ropa usada, electrodomésticos y objetos chinos.

 En el caso de Oruro, las organizaciones de delincuentes ingresan zapatos, electrodomésticos, línea blanca y negra (televisores y celulares, respectivamente), según las investigaciones.

La internación de esa misma mercadería se da, aunque en menor medida, en Potosí.  Pero además, el árido,  frío y extenso territorio de este departamento  se presta al tráfico de droga que ingresa momentáneamente a territorio nacional desde Perú hacia Chile o sale del oriente boliviano   a esos países vecinos. 

Un camión  con alimentos de contrabando  en la frontera.
Foto:Ministerio de Defensa

En su recorrido por el territorio limítrofe, fue Rodríguez quien logró identificar 118 pasos ilegales entre las fronteras que Bolivia comparte con Perú y Chile a lo largo de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

En esa frontera los únicos ingresos legales son por Charaña, en  La Paz;  y por Tambo Quemado y Pisiga en Oruro. En estos puestos limítrofes   la Aduana Nacional, Migración, Senasag y la Policía realizan los controles.

Para  Rodríguez y otros efectivos de las FFAA -que  en esta gestión pasaron al servicio pasivo- la lucha contra el  contrabando no se limita al control de las fronteras o de los caminos. El combate efectivo a ese ilícito depende  de  una serie de factores y requiere   la participación de civiles, policías, militares, funcionarios y autoridades.

“He realizado  denuncias sobre  clanes familiares  que son parte de los procesos que lleva la Fiscalía de Oruro, que -hay que decirlo-  junto con  la Fiscalía de Viacha  La Paz) son las únicas que apoyaron todo este trabajo. Se tiene personas con condena, exautoridades comprometidas y clanes de familias de policías. Pero además,  en el trabajo de campo el militar debe sortear acciones delincuenciales que atentan contra la integridad del personal”, finalizó el exviceministro.
 

El    Viceministerio 

  • Creación  En el gobierno del MAS, el 25 de abril de 2018, por medio de la Ley Nº 1053 de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, se creó el viceministerio que se hace cargo de esa tarea, por medio de Comando Estratégico Operacional (CEO).
  • Rodríguez  El 3 de mayo de 2018, asumió  como primer  viceministro el coronel de Ejército (en retiro) Gonzalo Rodríguez, con la misión de erradicar la actividad ilícita del contrabando en el país. Fue posesionado  por el entonces ministro de Defensa Javier Zavaleta, cartera de la cual depende orgánicamente.

Coimas  y camiones

En julio de 2019, alarmado por la incautación de dos camiones con cigarrillos, un contrabandista llamó personalmente al jefe militar y le ofreció dinero.

30.000bolivianos estaba dispuesto a pagar el contrabandista por impedir que se decomise el cargamento ilegal que pretendía ingresar por Oruro.

400 bolivianos pagaba Ninfa Calisaya a comunarios del municipio orureño de Eucaliptus para que permitan el paso de las caravanas de camiones con carga ilegal.

200 es el número de  pobladores que recibían pagos  por resguardar de las fuerzas del orden  el paso de camiones de  Calisaya por el municipio de Eucaliptus hacia La Paz.

1 MM de dólares es el precio de la mercadería que se interna en un solo camión, según la valoración que realizaron los efectivos de las Fuerzas Armadas.

 

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